En medio de las tensiones interna, el oficialismo repasó los proyectos que tiene para discutir.

La mesa política del Gobierno se reunió en un cónclave extenso de más de dos horas, en medio de tensiones internas, y que tuvo el protagonismo de Manuel Adorni, el jefe de Gabinete, y la ausencia del asesor presidencial Santiago Caputo.

En medio de los avances de la causa judicial que lo investiga por enriquecimiento ilícito, el ministro coordinador volvió a liderar el encuentro que se realizó a partir de las 16 y duró hasta las 18.15 en el Salón Escudos de la Casa Rosada. 

El funcionario dio detalles sobre el listado de leyes a mandar al Congreso, con diez adicionales que hasta el momento no fueron presentados públicamente y que todavía el oficialismo no informó, supo la Agencia Noticias Argentinas.

También hubo tiempo para repasar la agenda parlamentaria en Diputados y Senadores. Entre presencias y ausencias, se destacó que por aviso previo debido a su agenda, Santiago Caputo no pasó por el salón. Mientras que Patricia Bullrich, protagonista de las última semana tras pedir que Adorni presente su declaración jurada, se retiró unos minutos antes.

Todavía existen resquemores puertas adentro sobre el rol de la jefa del bloque libertario por su posición sobre el tratamiento que debe tener la reforma electoral.

Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, ya expresó que el proyecto que, entre otros artículos consagra la eliminación de las primarias, debe ser sancionado tal cual fue elaborado por La Libertad Avanza. Mientras que aliados al espacio violeta en la Cámara alta creen que el apartado Ficha Limpia debe tratarse por separado.

Fuentes parlamentarias señalan que esta idea partió de Patricia Bullrich, integrante de la mesa política y jefa del bloque de LLA en el Senado. La legisladora ya generó ruido en las filas oficiales hace unos días al pedir que Manuel Adorni, jefe de Gabinete, debía presentar su declaración jurada para evitar que su situación judicial siga afectando a la administración Javier Milei. Lo que llevó al Presidente y al ministro coordinador a actuar en consecuencia, señalando que habrá presentación de la declaración jurada.

En el caso del proyecto de ley, hay muchos en la fuerza violeta que, tal como supo Agencia Noticias Argentinas, coinciden en que la iniciativa que cambia las reglas electorales debe tener un desglose.

Básicamente, porque hoy los votos “no están” para que sea aprobada tal como la envío el Poder Ejecutivo. Pero no lo expresan en voz alta como suele hacer la ex ministra de Seguridad o como deja trascender. 

Cerca de la hermana del Presidente insisten en que no habrá ningún tipo de modificación y avanzarán sin modificar ni una coma. Lo que genera que el fuego puertas adentro no se apague.


Fuente: NA 

El gobierno de Javier Milei pasó la motosierra sobre el Presupuesto que aprobó el Congreso. Y presentó un Decreto como una reestructuración técnica con ampliaciones previsionales, pero se trata de una poda de casi USD 2.000 millones sobre energía, obra pública, provincias, salud, educación y programas sociales

Lo hizo mediante la decisión administrativa 20 y una serie de anexos técnicos que esconden detrás de un lenguaje burocrático una poda de casi 2,5 billones de pesos. Al tipo de cambio mayorista, el recorte equivale a unos 1.800 millones de dólares. En el mercado hacen una lectura brutal: “Esto muestra que tenían un agujero de 2.000 millones de dólares”, resumió a LPO un operador financiero.

El dato golpea sobre el principal activo político y financiero que exhibe el Gobierno: el superávit fiscal. Porque el ajuste llega en un contexto donde la recaudación se debilita por la caída de la actividad y obliga al equipo económico a profundizar los recortes para sostener el equilibrio de las cuentas públicas.

El Gobierno además construyó una maniobra discursiva que inicialmente despistó a varios periodistas y analistas que revisaron sólo el texto principal del decreto. La redacción oficial pone el foco sobre ampliaciones presupuestarias puntuales, especialmente las vinculadas a ANSES y obligaciones previsionales. La impresión inicial era la de un decreto expansivo o, al menos, neutro.

Pero la verdadera dimensión aparece recién al abrir los anexos técnicos, donde se despliega la poda masiva sobre Ministerios, programas sociales, obra pública, salud, educación y transferencias.

Ahí aparece la contradicción central. El texto político del decreto habla de “adecuar créditos presupuestarios” y reforzar partidas sensibles. Los anexos muestran otra película: un ajuste defensivo de magnitud para cerrar agujeros fiscales en medio de una economía debilitada. La letra principal funciona como vidriera. La motosierra aparece escondida en las planillas anexas.

La ampliación más visible es previsional. El Gobierno elevó en 500.000 millones de pesos el límite para el pago de deudas previsionales de ANSES. El monto total autorizado pasa a 712.288 millones. El problema es la comparación: mientras exhibe ese refuerzo, el mismo paquete incluye un recorte total cercano a los 2,5 billones. Por cada peso que amplía en jubilaciones, recorta casi cinco en otras partidas.

El corazón del ajuste aparece en Obligaciones a Cargo del Tesoro. Allí figura una poda de 1,47 billones de pesos. Energía vuelve a quedar entre las áreas más afectadas. Energía Argentina pierde 200.000 millones de pesos, en momentos donde el sistema todavía depende de subsidios, importaciones de GNL y asistencia estatal para sostener tarifas y abastecimiento. AYSA sufre un recorte de 21.437 millones y ACUMAR otros 936 millones. El mensaje es claro: el Gobierno prioriza caja aun cuando eso implique frenar infraestructura básica y obras de saneamiento.

Las provincias quedan sin oxígeno. Los anexos muestran una baja de 155.710 millones de pesos en transferencias provinciales. En paralelo, aparecen recortes sobre programas federales y partidas vinculadas a infraestructura territorial. La lógica fiscal vuelve a trasladar parte del ajuste hacia gobernadores e intendentes, justo cuando muchas provincias muestran serias dificultades financieras.

La obra pública vuelve a ser una de las variables centrales de la poda. La Dirección Nacional de Vialidad pierde 97.103 millones de pesos. Integración Socio Urbana recorta otros 39.441 millones. También aparece una baja de 320.670 millones en el Programa Federal de Infraestructura Deportiva.

Capital Humano aparece otra vez entre las áreas más castigadas. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia pierde 55.465 millones de pesos. Dentro de ese paquete, el programa de Integración Social y Fortalecimiento de la Ciudadanía recorta 27.732 millones en ayudas sociales y asignaciones familiares. Educación también sufre una poda fuerte: el Fondo de Compensación Salarial Docente cae 8.929 millones y el ajuste total sobre la Secretaría de Educación asciende a 78.711 millones.

Cultura y programas vinculados a chicos y adolescentes también son alcanzados. Entre las transferencias recortadas figuran bajas sobre instituciones culturales y sociales sin fines de lucro por 165.000 millones de pesos. En los anexos aparecen además reducciones sobre programas de asistencia y fortalecimiento comunitario que trabajan con menores, sectores vulnerables y organizaciones territoriales. El ajuste no sólo poda obra y subsidios: también reduce financiamiento sobre redes sociales y culturales que funcionan como contención en barrios populares.

Salud tampoco quedó afuera. Los anexos muestran una baja total de 63.021 millones de pesos. Allí aparecen recortes de 5.000 millones para investigación y tratamiento del cáncer, 1.000 millones para programas de abordaje sanitario y otros 500 millones para prevención y control de enfermedades transmisibles. La motosierra avanza sobre áreas sensibles del sistema sanitario.

Incluso Defensa y Seguridad aparecen alcanzadas. El Ministerio de Defensa pierde 6.055 millones. El Ejército recorta 12.622 millones, la Armada 11.820 millones y la Fuerza Aérea otros 16.500 millones. En Seguridad también aparecen bajas sobre distintas fuerzas federales. En paralelo, los anexos incluyen reducción de cargos en distintas áreas del Estado. En Jefatura de Gabinete se eliminaron ocho puestos del SINEP. En Economía se recortaron cargos vinculados al área geológico minera. Pero el Ministerio de Desregulación sumó ocho cargos propios.

La pregunta es por la consecuencia de ajuste feroz que se monta sobre una recaudación deteriorada. IVA, impuesto al cheque y contribuciones patronales reflejan una economía helada. La Oficina de Presupuesto del Congreso viene mostrando caídas reales en distintos componentes tributarios y son muchas las consultoras privadas que alertan sobre el efecto contractivo del programa económico.

Fundación Capital advirtió que hay tres factores que van a presionar sobre el superávit fiscal en la segunda mitad del año: la caída de los ingresos públicos, el costo fiscal de leyes aprobadas por el Congreso y el límite político y económico para seguir ajustando después de una poda que ya alcanzó cinco puntos del PBI desde la llegada de Milei.

Martín Rapetti, director de Equilibra, lo describió con claridad. El economista sostuvo que la caída de la recaudación muestra que la economía “sigue en una etapa más bien depresiva o incluso recesiva” y advirtió que eso vuelve “más cuesta arriba” sostener el superávit porque obliga al Gobierno a “profundizar el recorte de gastos para compensar la pérdida de recursos fiscales”.

La imagen es simple. El Gobierno corre sobre una cinta de moebius, capa fina de hielo. El ajuste enfría la actividad. La menor actividad reduce la recaudación. Y la caída de la recaudación obliga a profundizar el ajuste. En esa rueda, el superávit fiscal deja de ser una señal de fortaleza y empieza a parecerse cada vez más a una carrera hacia el fondo del pozo.

Fuente: La Política Online

"La situación es crítica", manifestaron mediante un documento conjunto. La concentración central fue en Plaza de Mayo, pero hubo movilizaciones en todo el país.

Con una multitudinaria marcha en las principales ciudades del país, el sector universitario reclamó al Gobierno nacional el cumplimiento de la ley de financiamiento.

La Plaza de Mayo, en Buenos Aires, se vio colmada de manifestantes, y hubo manifestaciones en todo el país, donde docentes y alumnos leyeron un duro comunicado en el que reclamaron más presupuesto.

"La situación es crítica", afirmaron en uno de los puntos más fuertes del documento, y agregaron: "El Gobierno incumple la regla democrática e institucional básica".

En esa línea, denunciaron el cierre de las paritarias y un deterioro "alarmante" del salario. "Las transferencias a universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6% entre diciembre de 2023 y el 2026", aseveraron.

"Generaron un empeoramiento generalizado de las condiciones de trabajo", remarcaron, al tiempo que hicieron hincapié en el "preocupante nivel de renuncias de cuadros formados, reducción de las dedicaciones, pluriempleo y crisis en las obras sociales: las y los trabajadores de las universidades públicas cobran salarios que no nos permiten llegar a fin de mes y cubrir las necesidades básicas".

En otro tramo del documento, los docentes expresaron: "Entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 la inflación ha sido 293,30%, mientras que los salarios acumulan un incremento del 147,30%. Esto implica una pérdida de poder adquisitivo del orden del 37,13%".

"El deterioro sistemático del poder adquisitivo del salario equivale a la pérdida de aproximadamente 10,9 salarios en el período considerado. Esta situación ubica en la actualidad a los salarios universitarios en su nivel más bajo de los últimos 23 años y en uno de los niveles más bajos desde el retorno de la democracia, contando con los peores salarios del Estado nacional y los más bajos de América Latina", apuntaron.

Asimismo, subrayaron: "El poder adquisitivo de las partidas correspondientes a los Gastos de Funcionamiento de las Universidades no ha superado, en ninguno de los meses de la actual gestión de Gobierno, el 64% del que tenía en enero de 2023. Actualmente esa tendencia se intensificó y se ha perdido, durante la gestión del actual gobierno, el equivalente a casi 9 meses de transferencias".

"La Universidad argentina, pública, gratuita y federal, tal como la construimos, la promovemos, la protegemos y la defendemos, es un valioso logro de muchas generaciones y una extrema responsabilidad a preservar; siempre hicimos notar que si se atenta contra el sistema de educación pública, se lesionan las condiciones de igualdad y el horizonte posible de reducción de asimetrías y atención de los problemas colectivos desde lo público", afirmaron.

Por último, expresaron que "la educación es y debe ser el medio para reducir las desigualdades y la exclusión en la sociedad argentina".


Fuente: datachaco.com