El Ministerio Público Fiscal de la Nación aprobó los lineamientos institucionales para el uso y la implementación de herramientas de Inteligencia Artificial dentro del organismo, mediante la Resolución PGN N°64/2026.
La normativa establece un marco general y obligatorio para el uso, diseño, desarrollo y adquisición de tecnologías basadas en IA y alcanza a la totalidad de las y los integrantes del Ministerio Público Fiscal, así como a las dependencias que cumplen funciones de planificación, control de gestión o auditoría cuando evalúan o supervisan la utilización de estas herramientas.
La resolución fue aprobada por el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, y establece pautas destinadas a ordenar la incorporación de sistemas de Inteligencia Artificial en el ámbito del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
El régimen contempla tanto las herramientas utilizadas por las distintas dependencias como los procesos vinculados con el eventual desarrollo o adquisición de nuevas soluciones tecnológicas, bajo procedimientos institucionales destinados a evaluar su factibilidad y los riesgos asociados.
El nuevo marco fue elaborado por el Programa de Inteligencia Artificial del Ministerio Público Fiscal, creado mediante la Resolución PGN N°14/2025. Para su elaboración se tomaron como referencia los resultados de un relevamiento institucional publicado en agosto, que permitió reunir información sobre el conocimiento, el uso y las percepciones del personal del organismo respecto de esta tecnología.
La normativa plantea dos objetivos centrales para la incorporación de Inteligencia Artificial en el Ministerio Público Fiscal. El primero consiste en establecer una guía general que permita orientar el desarrollo y la utilización confiable de estas herramientas. El segundo apunta a consolidar un lineamiento ético, jurídico e institucional destinado a encuadrar su incorporación dentro de las funciones del organismo y procurar que su utilización contribuya a un servicio público de justicia más eficiente.
Principios para su uso
Los lineamientos establecen principios rectores para orientar el uso ético, seguro y responsable de la Inteligencia Artificial en el Ministerio Público Fiscal.
La regulación se incorpora en un contexto caracterizado por la expansión de las herramientas tecnológicas y por el incremento de su utilización en diferentes ámbitos de actividad, con pautas específicas para su aplicación dentro de una institución vinculada al servicio de justicia.
La normativa establece que la Inteligencia Artificial debe ser concebida como una herramienta complementaria dentro de las actividades del organismo. En ese sentido, determina que estas tecnologías no pueden reemplazar el juicio jurídico, la interpretación normativa ni la toma de decisiones relacionadas con conflictos humanos, manteniendo esas funciones bajo responsabilidad de las personas que intervienen en los procedimientos correspondientes.
El marco aprobado también contempla la necesidad de adoptar medidas estratégicas destinadas a establecer una adecuada gobernanza tecnológica.
Los lineamientos señalan que esta gobernanza debe garantizar un control humano significativo durante las distintas etapas de utilización de las herramientas de Inteligencia Artificial y contemplar el debido resguardo de los derechos fundamentales.
La resolución incorpora además una restricción específica sobre el tratamiento de información mediante herramientas de acceso público. De manera transitoria, queda prohibido ingresar información reservada o vinculada con actuaciones de causas en trámite, datos personales y datos sensibles en modelos o herramientas de Inteligencia Artificial de acceso público, incluidos los chatbots abiertos.
La prohibición tendrá carácter transitorio hasta que se establezca una regulación específica para el uso individual de estas herramientas dentro del ámbito del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
De esta manera, la normativa diferencia entre las herramientas públicas disponibles en el mercado y aquellas soluciones cuyo uso pueda ser regulado institucionalmente para responder a las necesidades operativas del organismo.
Procedimiento progresivo
La Resolución PGN N°64/2026 también define un procedimiento institucional para la incorporación de sistemas de Inteligencia Artificial.
Las dependencias que identifiquen necesidades vinculadas con esta tecnología deberán canalizarlas mediante un circuito establecido por la propia normativa, que contempla instancias de evaluación antes de avanzar con nuevos desarrollos o adquisiciones.
Ese circuito incluye el análisis de los riesgos asociados a cada propuesta y la determinación de su factibilidad técnica y jurídica.
El procedimiento procura establecer condiciones institucionales para evaluar las herramientas antes de su incorporación y determinar si los desarrollos o adquisiciones propuestos resultan compatibles con las necesidades y responsabilidades del Ministerio Público Fiscal.
Supervición permanente
El Programa de Inteligencia Artificial tendrá intervención en este proceso y funcionará como ámbito institucional para el tratamiento de las necesidades relacionadas con estas tecnologías.
A su vez, la resolución contempla un control posterior a cargo de la Unidad de Auditoría Interna de la Procuración General de la Nación, que tendrá participación en las instancias de seguimiento previstas por el nuevo marco.
La regulación alcanza también a las dependencias que desarrollen tareas de planificación, control de gestión o auditoría cuando tengan a su cargo la evaluación o supervisión del uso de herramientas de Inteligencia Artificial.
Claves
Regulación obligatoria. La Resolución establece reglas generales para el uso, diseño, desarrollo y adquisición de herramientas de Inteligencia Artificial en el Ministerio Público Fiscal.
Protección de datos. Se prohíbe transitoriamente ingresar información reservada, actuaciones de causas en trámite, datos personales o sensibles en herramientas de IA de acceso público.
Control humano. La Inteligencia Artificial será considerada una herramienta complementaria y no podrá sustituir el juicio jurídico, la interpretación normativa ni la toma de decisiones sobre conflictos humanos.
Capacitación permanente. La Dirección General de Capacitación y Escuela y la Secretaría de Coordinación Institucional implementarán un programa destinado a formar al personal en prompts, validación de resultados y mitigación de sesgos.
Desarrollo seguro. La Dirección General de Desarrollo Organizacional y Nuevas Tecnologías deberá avanzar en la creación de entornos y herramientas propias y seguras para análisis de datos y gestión documental.
Fuente: diariolavozdelchaco.com
