Un documento del Departamento de Estado analizó las transformaciones impulsadas por el libertario. Pese a destacar las reformas, también puso el foco en los cambios que aún faltan.
En la antesala del Argentina Week que se llevará a cabo en París, Francia, el Departamento de Estado de EEUU publicó un informe en el que analiza la situación de la Argentina y la que describe como una economía “en transición”, marcada por las reformas impulsadas por Javier Milei, sobre la cual persisten desafíos como la inflación, la deuda y el control de capitales.
El documento denominado Clima de Inversión 2026 evalúa las condiciones para los negocios y las inversiones en diferentes países. En el capítulo sobre la economía argentina, señala que el mandatario libertario “ha revertido políticas intervencionistas” de la administración pasada.
Deuda, inflación y controles de capital, los desafíos de Milei
Para el organismo estadounidense, Milei ha impulsado “reformas estructurales para posicionar a Argentina como una economía de mercado”, pero advierte que hay problemas de fondo que aún no fueron resueltos: “Sus desafíos más apremiantes incluyen la sostenibilidad de la deuda, la inflación persistente y el desmantelamiento total de los controles de capital”.
El informe pone especial atención en la evolución de la inflación. Remarca que fue una prioridad principal del Gobierno desde un primer momento. “En 2025, el gobierno redujo la inflación al 31,5%, desde el 117,8% en 2024 y el 211,4% en 2023”, señala y destacan que es “el nivel más bajo en ocho años”.
Ese proceso de desaceleración estuvo acompañado por un ajuste fiscal que le permitió al Gobierno revertir el déficit y acumular un superávit primario del 1,4%. “Cerró el año con un presupuesto equilibrado por segundo año consecutivo, un hito no visto desde 2007-2008”, destacan.
Asimismo, apuntan que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) introdujo en 2026 un esquema de flotación cambiaria. Explicaron el funcionamiento del modelo de bandas, cuyos límites se ajustan conforme a la inflación pasada.
El desmantelamiento del cepo cambiario ocupa un lugar central en el análisis. El reporte destaca la reversión sobre los controles cambiarios que impuso Mauricio Macri antes de dejar su gobierno en 2019 y que incrementó Alberto Fernández entre 2022 y 2023.
Un año y medio después de llegar al gobierno, Milei instrumentó cambios en abril del 2025 a través del BCRA. El documento afirma que se anunció “el fin de la mayoría de los controles de capital y de cambio para individuos, que habían estado vigentes desde septiembre de 2019”.
De todas maneras, el informe aclara que “algunas restricciones permanecen para las empresas que buscan acceso al mercado cambiario para pagar deuda comercial y financiera heredada, así como dividendos”. Aunque sostiene que el objetivo de Milei es “eliminar los controles de capital restantes para fines de 2026, aunque el momento y el alcance siguen sujetos a las condiciones económicas”.
Argentina y el FMI
En otro apartado del informe se analiza el vínculo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI). En paralelo a la apertura del control de cambios, el organismo aprobó un Servicio Ampliado de 48 meses por u$s20.000 millones. Y en mayo de 2026, tras completar la segunda revisión del acuerdo, el FMI habilitó un giro adicional de u$s1.000 millones.
Para el organismo hubo un “sólido progreso en el fortalecimiento de la disciplina fiscal, la reconstrucción de reservas internacionales y el avance de reformas económicas clave”. El reporte remarca la necesidad de mantener un ancla fiscal sólida, transitar hacia un régimen cambiario más flexible y reformas estructurales que promuevan “una economía más dinámica y orientada al mercado”.
El informe analiza las reformas. Destaca que la Ley de Modernización Laboral introdujo “reducciones en ciertas obligaciones de indemnización, la creación de un Fondo de Cese Laboral y modificaciones a las regulaciones sobre horas de trabajo y relaciones laborales”.
De todas maneras, señala que la reforma tuvo un contratiempo en la Justicia: “El 30 de marzo de 2026, los tribunales laborales suspendieron 82 disposiciones de la ley en respuesta a impugnaciones legales presentadas por los sindicatos, lo que generó incertidumbre respecto del alcance y el momento de implementación de varias reformas clave”. Actualmente la Justicia revocó las cautelares y la ley está en plena vigencia.
Así y todo, el Departamento de Estado de EEUU recalca que las empresas cuestionan que aún persiste una "elevada carga tributaria" y "rígidas leyes laborales", aspectos que identifican como "obstáculos clave para la inversión”.
Acuerdo con EEUU
Entre los avances destaca la firma del Acuerdo sobre Comercio Recíproco e Inversión entre Argentina y Estados Unidos (ARTI). El entendimiento “busca reducir aranceles, expandir la aceptación de estándares internacionales, proteger los derechos de propiedad intelectual y profundizar la cooperación económica”.
En línea con ese compromiso, en marzo de 2026 Argentina derogó sus criterios restrictivos de patentabilidad farmacéutica. La medida permitió que el país saliera de la Lista de Observación Prioritaria del Informe Especial 301 de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).
El informe también pone el foco en los incentivos para atraer inversiones. En ese sentido, destaca el lanzamiento, el 8 de mayo de 2026, del denominado “Super RIGI”, anunciado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, con el objetivo de captar proyectos de entre u$s20.000 y u$s30.000 millones en sectores estratégicos como cobre, litio, energía nuclear, gas natural licuado y centros de datos vinculados con inteligencia artificial.
El régimen ampliado “reduce el impuesto a las ganancias corporativas para los megaproyectos que califiquen del 25% al 15%” y elimina los aranceles de exportación e importación desde el primer día. Sin embargo, la iniciativa todavía debe ser aprobada por el Congreso.
Corrupción y debilidad institucional, dos alertas para los inversores
El capítulo dedicado a la lucha contra la corrupción reconoce avances en materia normativa, aunque advierte sobre la persistencia de problemas estructurales. El Grupo de Trabajo sobre Cohecho de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en un informe publicado en marzo de 2026, señaló que Argentina necesita “una aplicación más firme, mejores protecciones para denunciantes, procesamiento oportuno, plena implementación del código penal federal y menos vacantes judiciales”.
El reporte también cita los Indicadores Mundiales de Gobernanza del Banco Mundial para advertir que “la corrupción continúa siendo un área de preocupación en Argentina” y que “instituciones débiles y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado dificultan los esfuerzos sistemáticos para frenar la corrupción”.
La evaluación alcanza también al funcionamiento de la Justicia. “En la práctica, persisten instancias de interferencia política en el proceso judicial. Las empresas han reportado preocupaciones sobre la falta de transparencia y confiabilidad en los tribunales y alegan que el gobierno ha utilizado el sistema judicial para ejercer presión sobre el sector privado”, señala el documento.
Menos protestas, pero continúa la conflictividad
El Departamento de Estado también analiza la situación política y de seguridad. En ese apartado señala que las manifestaciones son habituales tanto en Buenos Aires como en otras ciudades, aunque “generalmente no se consideran un impedimento significativo para el clima de inversión en Argentina”.
El informe menciona las huelgas generales del 9 y 10 de abril de 2025 y del 19 de febrero de 2026. Sobre esta última, destaca que hubo “enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad que derivaron en heridos y detenciones” durante las protestas contra la reforma laboral.
Al mismo tiempo, el Departamento de Estado identifica un dato positivo en materia de conflictividad: “Según datos del gobierno, la cantidad de protestas que interrumpieron las redes de transporte en 2025 cayó a su nivel más bajo en 25 años”.
Privatizaciones: avances y licitaciones sin ofertas
El reporte también repasa el avance del programa de privatizaciones impulsado a partir de la Ley de Bases (Ley 27.742 de 2024). El proceso no estuvo exento de dificultades. En marzo de 2026, el Gobierno lanzó una licitación pública nacional e internacional para vender el 100% de Intercargo S.A.U. Sin embargo, en julio de 2026 el Ministerio de Economía “declaró desierta la licitación tras no recibir ofertas válidas”.
En contraste, el informe destaca la transferencia de la participación estatal en la metalúrgica IMPSA. En enero de 2025, el Estado vendió su participación a la firma estadounidense Arc Energy por USD 27 millones, en el marco de la política de “déficit cero”.
Fuente: ambito.com
