Miércoles, 11 Marzo 2026
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El proyecto tendrá un fuerte impacto en las relaciones del trabajo porque contempla profundas.

El Senado debatirá este viernes desde las 11 los proyectos de reforma laboral y Ley Penal Juvenil, y el oficialismo buscará obtener su última victoria legislativa del período de sesiones extraordinarias en la antesala del discurso del domingo del presidente Javier Milei ante la Asamblea Legislativa.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes legislativas, según el orden de labor parlamentario se debatirá primero la reforma laboral y luego la 

La reforma de la ley Penal Juvenil, aprobada el jueves último, por la Cámara de Diputados, reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad y propone para los menores desde sanciones breves hasta 15 años de cárcel para los delitos graves.

El régimen especial de minoridad propuesto por el oficialismo propone un abanico de sanciones o castigos alternativos a las penas privativas de la libertad, establece que los menores no deben mezclarse con los adultos en los lugares de reclusión e incluye medidas complementarias de resocialización.

Para delitos con penas menores a 3 años se descartan penas de prisión, mientras para las penas de entre 3 y 10 años vinculados a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo.
Reforma laboral

La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, tendrá un fuerte impacto en las relaciones del trabajo porque contempla profundas reformas en el sistema de despidos, vacaciones, negociaciones colectivas y derecho de huelga en servicios esenciales.

El Senado convocó la sesión para aprobar el único cambio introducido por la Cámara de Diputados, donde se eliminó el polémico artículo 44 que rebajaba los salarios para las licencias por enfermedades o accidentes fuera del ámbito laboral.

La Libertad Avanza, que preside Patricia Bullrich, llegará a la sesión luego un día después de haber tratado los proyectos de Régimen Penal Juvenil y la reforma de la ley de Glaciares, y tras haber sancionado en diciembre las leyes de Presupuesto e Inocencia Fiscal.

El oficialismo debió realizar un trámite exprés entre la sanción de esa iniciativa en la Cámara de Diputados el viernes último y la emisión del dictamen del Senado que se produjo en el mediodía de ese mismo viernes, lo que provocó airadas quejas opositoras.

Como sucedió cuando la reforma se aprobó en primer término, el 11 de febrero, el Gobierno ya tiene garantizado el respaldo de los gobernadores aliados de Chubut, Ignacio Torres; de Mendoza, Alfredo Cornejo; de Corrientes, Juan Pablo Valdés; de San Juan, Marcelo Orrego; de Neuquén, Rolando Figueroa; de Misiones, Hugo Passalacqua, y de los peronistas de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y de Salta, Gustavo Sáenz.

Pero la sanción de la ley no fue sencilla y requirió que la Mesa Política del Gobierno, que encabeza secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encarara negociaciones con gobernadores y legisladores de bloques dialoguistas a lo largo de casi dos meses.

Con esos consensos enhebrados, el oficialismo logró aprobar el 11 de febrero el proyecto en el Senado y el jueves 19 en Diputados, aunque con la modificación del artículo 44.

Detalles del proyecto

La ley impactará de lleno en las relaciones laborales ya que introducirá cambios en las vacaciones, horas extras, negociaciones colectivas y derecho de huelga.

Entre otras reformas, el proyecto establece que las vacaciones podrán no otorgarse durante el verano ya que una vez cada 3 años le corresponderán al empleado en la temporada estival, además de que se podrán fraccionar en plazos no menores a 7 días.
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Además, las empresas no tendrán obligación de pagar a los empleados horas extras porque habrá un sistema de compensación: si un trabajador trabaja 12 horas en lugar de 8, se le podrán dar 4 horas a compensar.

La jornada máxima será de 12 horas (con 12 horas obligatorias de descanso) y esa extensión laboral será compensada con la reducción de la jornada en otra fecha del calendario.

Los despidos serán mas económicos para las empresas ya que no se computará el aguinaldo, vacaciones o premios, y solo se hará en base al salario básico; se tomará como base el salario promedio de la actividad.

Las indemnizaciones se podrán pagar en 12 cuotas en las empresas grandes y 18 en las pymes, igual que las sentencias judiciales.
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En materia de gremios, se mantendrá el aporte que le descuentan a los trabajadores para el sindicato con un tope del 2%, y el empleador se mantendrá como agente de retención, como exigía la CGT.

En tanto, los convenios colectivos con plazo vencido no mantendrán sus efectos en el transcurso de tiempo hasta la firma de un nuevo acuerdo colectivo.

También se permitirá en la negociación colectiva de actividad, rama, región, acuerdo de empresa y/o mediante acuerdo individual o decisión unilateral del empleador, incorporarse por encima de los salarios otros componentes retributivos dinámicos adicionales, transitorios, fijos o variables.

Se restringe el derecho a huelga al declararse determinadas actividades como “servicios esenciales”, con la obligación de garantizar una cobertura mínima del 75%, y “servicios trascendentales”, con la obligación de garantizar una cobertura mínima del 50%.

Asimismo, serán consideradas “infracciones muy graves”, con el impedimentos a realizar bloques, cuando se cumpla alguna de las siguientes hipótesis: “Afectar la libertad de trabajo de quienes no adhieran a una medida de fuerza mediante actos y/o hechos y/o intimidaciones o amenazas”. 

Fuente: NA 

El Departamento de Justicia norteamericano pidió rechazar las sanciones solicitadas por los demandantes y advirtió sobre el impacto diplomático de litigar contra Estados soberanos. La defensa argentina destacó el aval internacional y aguarda definiciones en instancias de apelación.

El Departamento de Justicia de EEUU se presentó ante el juzgado de Loretta Preska para respaldar la postura argentina frente al planteo de desacato impulsado por los fondos demandantes en el litigio por YPF.

En un escrito de 29 páginas, la administración estadounidense advirtió que los procesos judiciales contra países extranjeros pueden generar consecuencias en la política exterior y afectar la reciprocidad que reciba Washington en tribunales de otros países.

El documento también señaló que los requerimientos de información dirigidos a funcionarios de alto rango vinculados a entidades públicas presentan tensiones con los principios de cortesía internacional que rigen este tipo de controversias.

De manera explícita, el texto sostuvo que las medidas solicitadas —sanciones procesales, inferencias adversas y penalidades económicas— no se ajustan a la Foreign Sovereign Immunities Act ni a los criterios de trato entre naciones, por lo que recomendó su rechazo.

Desde la asunción de Javier Milei, la Casa Blanca ha acompañado la estrategia jurídica argentina en este expediente.
Qué dijo el Gobierno argentino ante el respaldo de EEUU

La Procuración del Tesoro de la Nación subrayó que el acompañamiento internacional refleja la consistencia técnica de las presentaciones oficiales, basadas en normas del derecho internacional y en el principio de inmunidad soberana.

El organismo recordó que durante más de dos años el país entregó más de 115.000 páginas de documentación en el marco del proceso de producción de pruebas, sin que los demandantes lograran acreditar sus acusaciones.

En paralelo, el Estado pidió suspender esa etapa probatoria; tras la negativa de la jueza, recurrió ante la United States Court of Appeals for the Second Circuit. Las partes ya presentaron sus argumentos y se espera una resolución.

El expediente transita un momento decisivo, con definiciones pendientes tanto sobre la cuestión de fondo como sobre otras impugnaciones vinculadas a la eventual entrega de acciones y al alcance de los requerimientos de información.


Fuente: ambito.com

La iniciativa se aprobó con 40 votos afirmativos, recibió 31 rechazos y una abstención.

El gobierno nacional consiguió este jueves la media sanción de la reforma de la ley de Glaciares, tras la aprobación del Senado .

La iniciativa se aprobó con 40 votos afirmativos, recibió 31 rechazos y una abstención, y ahora el proyecto irá a la Cámara de Diputados en el periodo de sesiones ordinarias.

La aprobación del proyecto era un compromiso del Gobierno con los gobernadores de provincias cordilleranas que buscaban una legislación más dinámica y menos rígida para destrabar y multiplicar las inversiones en minería e hidrocarburos.

El proyecto busca modificar la ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial y pretende redefinir el alcance de las zonas protegidas para permitir la explotación económica en determinadas áreas periglaciares que actualmente están inhabilitadas para actividades extractivistas e industriales.


Fuente: datachaco.com

La iniciativa de aumento para docentes, impulsada por diputados nacionales de distintos bloques opositores, plantea declarar la Emergencia Salarial Educativa por cinco años, crear un complemento federal de hasta $119.473 por cargo y destinar $740.500 millones no ejecutados a obras escolares, en medio de fuertes críticas a la política educativa del gobierno de Javier Milei.

Los impulsores remarcaron que la iniciativa “no crea nuevos impuestos ni modifica el régimen de coparticipación”, sino que reasigna recursos existentes.

Un grupo de diputados nacionales de distintos espacios opositores presentó un proyecto para declarar la Emergencia Salarial Educativa por cinco años y otorgar un aumento de hasta $119.473 por cargo a docentes estatales de todo el país, con el objetivo de recomponer el poder adquisitivo perdido durante la gestión del presidente Javier Milei. Según los legisladores, los salarios docentes acumularon una caída del 19% en términos reales en los últimos dos años.

La iniciativa cuenta con el respaldo de referentes de Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica, entre otros bloques, quienes advierten que en 19 de las 24 jurisdicciones del país se registraron retrocesos salariales. Además, sostienen que la inversión educativa real cayó un 47,7% durante la actual gestión y que el presupuesto destinado al área se redujo al 0,82% del PBI en 2025, frente al 1,4% registrado en 2023, el nivel más bajo desde 2005.

Entre los fundamentos del proyecto, los diputados cuestionan la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), al que califican como “un componente clave del salario que complementaba los ingresos docentes en todo el país”, así como la falta de convocatoria a una paritaria nacional y el veto a leyes de financiamiento educativo. “El ajuste educativo no sólo lo sufre el sistema universitario, la educación obligatoria lo sufre con igual virulencia”, señalaron.

También plantearon una contradicción entre el discurso oficial y las políticas implementadas. Recordaron que el Poder Ejecutivo declaró la educación como “servicio esencial” mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), pero al mismo tiempo avanzó con recortes presupuestarios.

“Declarar la educación como prioritaria en los papeles pero desfinanciarla en los hechos, eliminando el FONID y paralizando las paritarias, revela que la ‘esencialidad’ es utilizada apenas como una herramienta de control y no como un compromiso real con la calidad educativa o la dignidad de quienes sostienen las aulas”, afirmaron.

El proyecto establece la creación de un Complemento Federal mensual de $52.269 para docentes, directivos y no docentes de la educación obligatoria estatal, y una Compensación Federal adicional de $67.204 para quienes trabajen en escuelas de alta vulnerabilidad. El financiamiento provendría del 1% del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

“Se trata de una mejora concreta que impacta de manera directa en el bolsillo de quienes están en el aula”, sostienen los autores, y aseguran que el mecanismo será “claro, transparente y automático”, con el objetivo de evitar la discrecionalidad en la distribución de los ATN.

La propuesta también contempla la utilización de $740.500 millones correspondientes a recursos del ATN de 2025 que no fueron ejecutados. El 75% se destinaría a obras y mantenimiento en escuelas de nivel inicial, primario y secundario de gestión estatal, y el 25% restante a establecimientos de educación técnica secundaria.

“Es una inversión clave para sostener a 44.460 escuelas, 7.458.411 estudiantes y 916.674 trabajadores de la educación que hoy se ven afectados por el recorte”, señalaron los impulsores, quienes remarcaron que la iniciativa “no crea nuevos impuestos ni modifica el régimen de coparticipación”, sino que reasigna recursos existentes.

El proyecto lleva la firma de más de veinte diputados de distintas provincias y bloques parlamentarios, en una señal de articulación opositora frente a la política educativa del Gobierno nacional.

Fuente: Infogremiales