Viernes, 04 Septiembre 2026
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Habrían consensuado pagar 54 dólares por cada 100 que debe la Argentina a los acreedores del exterior.

A dos días de que cumpla el plazo final de las negociaciones por el canje de la deuda pública argentina, el Gobierno nacional llegó a un principio de acuerdo con los principales bonistas extranjeros por la reestructuración de unos 66 mil millones de dólares. Tras arduas discusiones, el ministro de Economía, Martín Guzmán, habría consensuado pagar 54 dólares por cada 100 que le debe a los acreedores del exterior.

Si bien aún hay detalles que se discuten, la decisión de no estirar más la negociación y acordar, ya está tomada. Así, el Gobierno tuvo que ceder en el último tramo de la negociación, y hacer leves pero decisivos retoques a la cuarta propuesta que había puesto sobre la mesa para evitar el fracaso.

Vale recordar que la última contraoferta hecha por los bonistas era por una diferencia de 3 dólares, y el presidente Alberto Fernández había dicho que era imposible mejorar la propuesta, y que cualquier modificación ponía "en riesgo el futuro" de los argentinos. Sin embargo, el Gobierno nacional cedió 1,5 dólares y los bonistas resignaron una parte similar.

Resta ahora para sellar el acuerdo terminar de cerrar otras cuestiones ténicas que reclaman los acreedores, pero la principal diferencia que los separaban fue saldada este lunes por la tarde.

En tanto, ante los fuertes rumores sobre un acuerdo inminente por la renegociación de deuda, se registraba una disparada en el precio de las acciones y los ADRs de empresas argentinas que cotizan en Nueva York.

Las versiones ya señalaban que el Gobierno argentino elevó de u$s 53,30 a u$s 54,30 el valor presente neto reconocido por los títulos incluidos en el canje, lo cual habría destrabado la resistencia de grandes fondos de inversión como BlackRock, informó MinutoUno.

El mercado financiero daba crédito a las versiones de que el Gobierno y los bonistas habrían alcanzado tras más de cuatro meses de negociaciones un acuerdo en el valor de oferta.

Esto permitiría cerrar la operación de canje de deuda por unos u$s 66.000 millones emitida bajo ley extranjera.

 

Fuente: datachaco.com

 

Carnival Cruises volvió ser noticia esta semana: la línea de cruceros más grande del mundo levantó USD 1.300 millones a través de la colocación de un bono en el mercado, que se sumó a otros USD 2.800 millones que consiguió hace un mes. Tuvo que pagar una tasa levemente superior al 11% anual en dólares. El detalle es que la compañía no tiene un centavo de ingresos desde que arrancó la pandemia y gasta USD 500 millones por mes para mantener sus operaciones. Sin embargo, los inversores siguen apostando por una sencilla razón: el rendimiento es muy atractivo en un mundo donde la tasa de interés tiende a cero.
 
El mundo está hoy dominado por una gigantesca masa de liquidez, producto de la mega emisión de dinero por parte de los grandes bancos centrales del mundo. Argentina tiene una oportunidad realmente espectacular. Al revés de lo que muchos opinan, lo más probable es que si se cierra en forma satisfactoria la renegociación de la deuda no tardarían en aparecer inversores interesados con comprar bonos locales.
 
El Gobierno reiteró ayer, a través de un comunicado, que no mejorará la oferta, pero que sí está dispuesto a modificar cláusulas legales que meten “ruido” en la negociación con los acreedores. Los inversores ya están jugados a que el cierre de la negociación es inminente. Sería insólito que con una diferencia de apenas tres dólares las partes no se pusieran de acuerdo cuando es obvio que todos ganan si se consigue cerrar el capítulo del default. Al menos ese es el razonamiento predominante en Wall Street.
 
La liquidez que sobra en el mundo debería actuar como un argumento de peso para que Alberto Fernández apure al máximo las negociaciones. Pero si no le alcanza con eso, el frente interno también actúa como un condicionante. El tipo de cambio informal volvió a rozar los $140, subiendo casi 15 pesos en lo que va de julio, y el Central tuvo que vender más de USD 300 millones de reservas en lo que va de julio, a pesar del estricto cepo cambiario.
 
Los elevados niveles de incertidumbre siguen jugando un rol importante en el comportamiento del mercado cambiario. La elevada brecha le mete más presión al Central. Todos los que tienen margen para comprar USD 200 por mes a un cambio de $98 (dólar “solidario”) buscarán arbitrar contra una cotización que ya es casi 40% más alta en las cuevas.
 
Para tratar de llevar un poco de calma, el Presidente aseguró que tiene cerca de “60 medidas” para poner en marcha con el objetivo de sacar a la Argentina de la crisis que atraviesa. Ahora sí la economía empieza a tomar un lugar más relevante dentro de la agenda. El cierre de más de 20.000 empresas y los más de 300.000 puestos de trabajo formales que se perdieron desde que arrancó la cuarentena ya no dejan margen para priorizar la salud por sobre la economía. Ese “lujo” fue posible al principio de la cuarentena pero ya es imposible de sostener sin profundizar el derrumbe.
 
Las medidas de emergencia adoptadas hasta ahora deberán ser sostenidas por mucho más tiempo que el proyectado inicialmente. Continuará el pago de salarios para sectores con caída de actividad. El ATP 4 incorpora créditos a tasas blandas para empresas que ya están saliendo de situaciones críticas pero que facturan hasta 70% menos que el año pasado. Además, habrá una nueva tanda de Ingreso Familiar de Emergencia.
 
Las medidas de salvataje empresario y de empleo provocarán un rojo récord de las cuentas públicas. El déficit primario se estima en más de 6 puntos del PBI, es decir cerca de 25.000 millones de dólares. La expansión monetaria ya llegó a 1,3 billones de pesos y podría duplicarse hasta fin de año.
 
La flexibilización de la cuarentena para el AMBA seguramente será lenta, ante el aumento de los contagios, la cantidad de fallecidos y el uso de camas de terapia intensiva. Por lo tanto, la recuperación de la actividad desde el piso de la crisis también demorará más de lo previsto. Seguramente no será antes de fin de año que la actividad vuelva a un nivel de reactivación más robusto.
 
La CGT y la Asociación Empresaria Argentina protagonizaron esta semana un episodio inédito. Divulgaron una declaración conjunta que hace pocas meses hubiera sido inimaginable: hablan de bajar la presión impositiva, impulsar la inserción de la Argentina al mundo, llegar a un arreglo por la deuda y promover la inversión y el empleo formal. Posiblemente no los una el amor sino el espanto: la pérdida de puestos del trabajo del sector formal es la peor desde 2002 y representa un golpe duro para las arcas sindicales.
 
Podría decirse sin exagerar que el Gobierno de Alberto Fernández recién está por arrancar. Los primeros 100 días transcurrieron con medidas de cortísimo plazo para generar algo de consumo. Pero casi todo quedó supeditado a la renegociación de la deuda, que originalmente debía culminar el 31 de marzo. Luego llegó la pandemia y con ella la cuarentena que arrancó el 20 de marzo. Los siguientes 120 días, por lo tanto, transcurrieron con medidas de emergencia para suavizar los efectos de la crisis.
 
Ahora es cuando llega el momento de las definiciones. Más allá de si hay o no plan, una de las polémicas de la semana, será todavía más relevante dejar en claro cuál es el rumbo que este Gobierno piensa para la economía. Algo que después de más de ocho meses de gestión sigue sin estar claro.
 
¿Cuál será el futuro rol del Estado? ¿Qué pasará con el déficit fiscal? ¿Cuáles son los países aliados de la Argentina y de qué manera aumentará el comercio? ¿Cómo se incentivarán inversiones en el sector privado? Estas son solo algunas de las preguntas básicas que el Presidente deberá intentar despejar lo antes posible.
 
El peligro es seguir utilizando la cuarentena como excusa para postergar definiciones fundamentales. Porque el escenario de un descontrol cambiario continúa latente, en medio de una expansión monetaria récord. Atravesar una nueva crisis financiera cuando todavía se sufren los efectos de la pandemia sería otro durísimo golpe que podría dejar otro tendal de empresas y empleo en el camino.
 
Fuente: Infobae.com

Alberto Fernández y Martín Guzmán se encontraron en Olivos para analizar la negociación de la deuda externa y avanzar en la preparación del Presupuesto Nacional 2021. Ocurrió el sábado al mediodía y sirvió para confirmar la estrategia de la Argentina frente a los acreedores privados: El Presidente ratificó a su ministro de Economía que no habrá una nueva oferta, y aguarda un canje exitoso con los bonistas para iniciar conversaciones formales con el Fondo Monetario Internacional y a continuación con el Club de París.
 
“Nunca pensamos ir al FMI como un plan B, si fracasa el acuerdo con los acreedores privados. Creemos que habrá una negociación exitoso, y luego iremos al Fondo como corresponde. Siempre pensamos en el FMI como una segunda etapa para ordenar la agenda de la deuda externa. Y no depende del acuerdo con los bonistas. Nos vamos a sentar con (Kristalina) Georgieva (directora gerente del FMI), con o sin acuerdo con los acreedores privados”, explicó a Infobae un vocero del Poder Ejecutivo a prueba de desmentidas.
 
La negociación con los bonistas está en pleno desarrollo. Y las señales del gobierno son monolíticas y sin fisuras. No habrá “un centavo más” y el Presidente envió al Senado la ley que se aplicará a los acreedores privados bajo legislación local. Esa iniciativa -para el Gobierno una muestra de buena fe- replica la oferta con ley New York registrada en Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) y es un guiño económico a determinados fondos de inversión.
 
PIMCO, Fidelity y Amundi, por citar tres importantes acreedores privados, plantearon al Gobierno que necesitaban una señal contundente para considerar la adhesión del canje con la última oferta en la SEC. Alberto Fernández y su ministro de Economía entendieron el planteo, y sin dudar remitieron la ley de deuda local a la Cámara Alta. Si no hay trabas inesperadas, esa iniciativa tendrá media sanción antes que concluya el plazo legal de la oferta (4 de agosto).
 
Además de exhibir buena fe enviando al Senado la ley de deuda para bonista locales, Alberto Fernández y Guzmán convalidaron la búsqueda de ciertos cambios en la ingeniería jurídica de la re-asignación de los títulos, para enterrar cierto temor BlackRock y sus aliados. Durante una conversación con Jennifer O´Neil, representante de BlackRock, el ministro de Economía avaló la posibilidad de esos cambios y a continuación planteo que los acreedores privados tenían que hacer la presentación legal, si querían que fuera incorporada a la mesa de negociaciones.
 
“BlackRock teme que hagamos PAC-MAN y reasignemos de manera violenta la serie de los bonos a canjear. Y la verdad es que el Gobierno no tiene esa intención. Entonces, que ellos (por los acreedores privados), traigan la propuesta jurídica, y nosotros esperamos un comentario institucional del FMI y el IMCA (International Capital Market Association) para avanzar. Estamos dispuestos a considerar esos cambios. Pero la pelota está en la cancha de ellos, y se tienen que apurar”, reveló un miembro del Gabinete que conoce todos los secretos de la negociación con los bonistas de New York.
 
Alberto Fernández y Guzman monitorean la negociación de la deuda externa, pero también dedican muchísimo tiempo a la elaboración del Presupuesto Nacional 2021, que incluirá las bases del programa que lanzará el Gobierno para reactivar la economía y atenuar los efectos sociales del COVID-19.
 
El Presidente y su ministro consideran que tienen muchas posibilidades de cerrar un deal con los acreedores privados, y a continuación el objetivo de Olivos es iniciar conversaciones formales con el FMI. Alberto Fernández y Guzmán ya saben que se tienen que sentar con Georgieva para cerrar un cronograma de pago, al margen del resultado de la negociación con los bonistas que invirtieron 66.000 millones de dólares en la Argentina.
 
Fuente: Infobae.com

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, se reunieron de madena virtual el viernes, con representantes de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) para conformar una mesa de trabajo que apunte a la reactivación del sector tras la pandemia del coronavirus.

Los empresarios acercaron a los funcionarios un documento consensuado entre la CAMARCO, con la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU), la Asociación de Empresarios de la Vivienda (AEV) y la Unión de Obreros de la Construcción (UOCRA), en el que propusieron un programa destinado a dinamizar el sector.

En la reunión se propuso un Plan de reactivación a través de las viviendas privadas, para el futuro inmediato y para el mediano plazo, conformado por tres ejes, y que contemplara la contingencia producida en la actividad por la pandemia de COVID-19.

Las propuestas incluyeron desde medidas contracíclicas para sostener la actividad del sector, hasta una iniciativa para desarrollar una ley de vivienda con el objetivo de impulsar la construcción de nuevas unidades.

Además, los empresarios plantearon la necesidad de recuperar el crédito para el sector, tanto para la etapa de la construcción como para la adquisición de viviendas mediante préstamos hipotecarios.

Cabe recordar que la construcción es uno de los sectores más golpeados por la pandemia. Los datos de mayo muestran que se contrajo 48,6% interanual.

Fuente: datachaco.com