Viernes, 04 Septiembre 2026
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El Gobierno nacional formalizó el aumento de los derechos de exportación para la soja, del 30% al 33%, y la reducción para una decena de cultivos relacionados con las economías regionales, a través del decreto 230/2020 publicado hoy en el Boletín Oficial.

El mismo remarcó que “resulta fundamental establecer políticas inclusivas de la actividad exportadora de las economías regionales que mejoren su desempeño y que incrementen la competitividad de la exportación de bienes y servicios a medida que mayor sea su valor agregado”.

También subrayó que “resulta imprescindible mejorar los ingresos fiscales en un contexto económico de endeudamiento, alta inflación, recesión creciente, desempleo generalizado y emergencia alimentaria”.

En consecuencia indicó que “por los motivos expuestos deviene necesario modificar transitoriamente las alícuotas de los derechos de exportación para determinadas posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) que forman parte de la cadena agroalimentaria”.

Además señaló que “el artículo 52 de la ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública faculta al Poder Ejecutivo Nacional a fijar derechos de exportación cuya alícuota no podrá superar los límites allí previstos”.

De esta manera, las retenciones a la soja suben de 30% a 33%, pero las que se aplican a arvejas, porotos, garbanzos, lentejas, bajan de 9% a 5%; para el maní, de 12% a 7%; para la harina de trigo, de 9% a 7%; y para el girasol, de 12% a 7%, aunque para girasol confitero y aceite de girasol, la reducción va del 12% a 5%.

También bajan los derechos de exportación al maíz pisingallo, que se usa para pochoclo, de 9% a 5%; al arroz paddy, de 12% a 6%; y al arroz pulido, de 9% a 5%.

El esquema establecido por el Gobierno consistirá en destinar una parte de la recaudación adicional a la compensación de tres de cada cuatro productores de soja, siempre que su producción no haya superado las 1.000 toneladas en la campaña anterior.

Este beneficio, según datos oficiales, alcanzará a 42.406 productores que representan el 74,2% del total.

Los restantes 14.884 productores, con rindes por encima de las 1.000 toneladas, no recibirán compensación alguna.

Esta segmentación implicará que quienes producen hasta 100 toneladas, tributarán una retención del 21%; entre 100 y 200, el 24%; entre 201 y 300, el 27%; entre 301 y 400, el 28%; entre 401 y 500, 29%; y entre 501 y 1.000 toneladas, 30%.

Fuente: Télam

La deuda pública de la Argentina creció entre diciembre de 2015 y el mismo mes de 2019 desde US$ 240.665 millones hasta US$ 337.267 millones, según las cifras oficiales, lo que significó un incremento de 40,13% en apenas cuatro años.

 

Durante la administración de Mauricio Macri el país asumió compromisos financieros por US$ 96.602 millones, lo que llevó a que casi un tercio de la deuda actual, el 28,64%, corresponda a préstamos obtenidos durante su Gobierno.

 

Medido en porcentajes del Producto Bruto Interno (PBI), el pasivo nacional representaba en 2015 la mitad de lo que el país producía: 52,6%.

 

Cuatro años después el Gobierno de Cambiemos casi duplicó esa participación, al llevarla a una proporción del 91% del PBI, el nivel más elevado en 15 años, según estimó el Ministerio de Economía; es decir, casi la totalidad de lo que produce la economía argentina en un año.

 

Durante el mismo periodo, la deuda en moneda extranjera pasó de significar el 36,4% del total, al 62%.

 

En 2015 la deuda en moneda extranjera era de US$ 86.702,06 millones y en 2019 pasó a ser de US$ 209.105,54 millones.

 

El pasivo de la Administración Nacional en moneda extranjera aumentó así US$ 122.403,48 millones, o sea, 141,17% en cuatro años.

 

En este derrotero, antes de la firma del último acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), a fines de junio de 2018, la deuda alcanzaba los US$ 293.267 millones, y poco más de un año después el gobierno de Macri había incrementado esos compromisos en US$ 44.000 millones, es decir, hizo crecer la deuda un 15%.

 

Casi la mitad de la deuda que contrajo el gobierno anterior se generó en 12 meses, entre junio de 2018 y el mismo mes de 2019, y el endeudamiento con el Fondo representó el 45,54% del total de deuda asumida durante el anterior gobierno.

 

Fuente: Télam

 

En medio de una tensa negociación, el Gobierno y las automotrices están terminando de delinear las medidas para solucionar el conflicto desatado por el fuerte aumento de las cuotas de los planes de ahorro debido al impacto de la devaluación, que generó una ola de presentaciones judiciales por parte de los compradores.

Desde posiciones muy disímiles, las partes lograron ir limando asperezas para acercar posiciones aunque, todavía, hay diferencias importantes.

Es por eso que no están todos los detalles definidos pero se espera que haya un acuerdo en el corto plazo “por las buenas, o por las malas”, como dieron a entender desde un despacho oficial, según publicó Ámbito.

La propuesta que está en la mesa de discusión es la de aplicar una reducción en los valores actuales de las cuotas y diferir el pago de ese descuento en un plazo mayor a los 84 meses que establecen los planes.

La idea es que la extensión del período extra no supere los 12 meses. Una salida al estilo de la aplicada con los créditos UVA.

En donde no hay acuerdo es en el porcentaje de bonificación que se dispondría en las cuotas de los planes de ahorro. Aquí el problema no es sólo entre el Gobierno y las terminales sino entre las mismas empresas ya que cada una tiene una posición distinta.

Es más, hasta hace unos días, desde algunas terminales descartaban la posibilidad de descuentos. Ahora, la situación cambió y reconocen que habrá bonificación transitoria de cuotas. La discusión pasa por el nivel de la misma.

La decisión de fijar una quita determinada de descuento tiene que ver con la política comercial de cada automotriz y eso, por los estatutos de cada empresa y decisión de las casas matrices, no puede ser discutido con la competencia. Esto complica el acuerdo porque no es viable que cada terminal ofrezca un descuento distinto.

“Todas tendríamos que tener la misma bonificación” señaló un directivo de una terminal. Si bien todavía no está definido ese porcentaje, en las negociaciones se maneja una bonificación de entre 15% y 25%.

Además de este tema que es, sin duda, el más importante, quedan pendientes otros puntos que tienen que ver con la implementación. Por ejemplo, si la adhesión a este beneficio es de manera optativa. Ante el incremento de las cuotas, muchos suscriptores dejaron de pagar o se atrasaron en las cuotas.

Quienes están al día pueden no querer este beneficio y seguir con el plan original. Hay que tener en cuenta que para retirar un vehículo, una de las condiciones es el cumplimiento estricto de los pago. Extender un año el plan puede significar que se demoré ese plazo la adjudicación.

También falta definir quienes se pueden adherir y de qué forma. Para eso, se está pensando en facilidades para reincorporarse. En el esquema actual, el que dejó de pagar las cuotas tiene que cancelar la deuda en un solo desembolso para estar nuevamente activo. Se buscaría la forma de hacer su reingreso menos costoso.


Fuente: datachaco.com