Viernes, 26 Junio 2026
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La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) tiene en la mira a Susana Giménez por posible evasión fiscal, según reveló Jorge Rial en su programa Argenzuela, delito que es penado por la Justicia con hasta 9 años de prisión efectiva.

"Lo anticipamos hace un mes, hoy es una causa judicial en el juzgado penal comercial 5. La denuncia penal es por negarse a presentar la declaración jurada de Bienes Personales del 2019, paso previo indispensable para pagar el impuesto", informaron.

La deuda es de 50 millones de pesos por la propia DDJJ de patrimonio de Susana Giménez. Ella decía que la reforma de fines del 2019 es confiscatoria y por eso se negó a pagar. Presentó una cautelar por inconstitucionalidad, la cautelar fue rechazada y Susana Giménez apeló.

La apelación caducó y la AFIP inició la demanda este miércoles en la justicia penal económica. Se sorteó y recayó en el Juzgado 5 a cargo del doctor Diego Amarante.

CUÁNTO DEBE SUSANA GIMÉNEZ

En el año 2019 ella dejó impaga una DDJJ, ese monto era 50 millones de pesos de acuerdo a la AFIP. A eso hay que sumarle los intereses que duplican el valor. Se iría a 100 millones, pero además hay que sumarle la multa acumulada, la multa triplica la suma original, 150 millones y en total son 250 millones de pesos. Son u$s1.800.000.

Antes ella pidió un plan de pagos, pero en este caso apeló a la justicia. Le dijeron que tenía que pagar y ella se negó. Si no paga el Juez puede imputar a la denunciada y llamarla a declarar. De no presentarse podría ser convocada por la fuerza pública, si no está en el país se libran las alertas de Interpol.

"Evasión agravada es el delito. La pena contemplada va de 6 a 9 años. La causa ya tramita en un juzgado penal económico. Si no paga puede llegar a ingresar a la lista de alertas de Interpol", expresó Rial.

Fuente: diariochaco.com

Diputados de la UCR presentaron un proyecto de resolución en la Legislatura chaqueña para señalar con preocupación los dichos del Presidente Alberto Fernández a los que calificaron como "intimidatorios".

Los autores del escrito son los legisladores Leandro Zdero, Livio Gutiérrez, Alejandro Aradas, Doris Lilian Arkwright, Andrea Silvina Canteros Reiser y Débora Soledad Cardozo. Y expresaron una "profunda preocupación" por los dichos del mandatario, en el programa "A dos voces" en los que comparó al fiscal Luciani con Alberto Nisman: "Hasta acá, lo que le pasó a Nisman es que se suicidó, no otra cosa. Yo lo que espero es que Luciani no haga algo así".

En el proyecto, los diputados afirman que "está terrible frase se relaciona directamente con el magnicidio del Fiscal Alberto Nisman quien fue encontrado muerto previo a su declaración ante el Congreso de la Nación". En ese sentido, aclararon que el fiscal debía declarar en relación "al pacto con Irán firmado durante la Gestión de la Sra. Fernández de Kirchner, cuyo objetivo era el encubrimiento del atentado perpetrado a la AMIA".

De esta manera, los legisladores sostienen que los dichos del Alberto Fernández podrías entenderse como una "velada amenaza de eventos de similares características que el homicidio sufrido por el fiscal Nisman". En especial cuando devienen de "la máxima autoridad del Estado, con el monopolio de la fuerza y la dirección de todas las áreas del Estado".

En ese sentido, creen que las palabras del mandatario pueden provocar en los involucrados, como el fiscal Diego Luciani y sus colaboradores, y en la sociedad "el temor a que vuelvan a producirse hechos violentos contra aquellos que no comulgan con su ideología", o quienes "se encuentran juzgando hechos de corrupción en que está imputada la Sra. Vicepresidente de la Nación Cristina Elisabeth Fernández de Kirchner".

Así, calificaron la conducta del Presidente como "temeraria" y de "contenido intimidatorio". Y afirmaron que es "violatoria" de lo normado artículo 109 de la Constitución Nacional establece que el Presidente no debe "tomar injerencia alguna en causas que estén en desarrollo ni siquiera a través de comentarios".

A su vez, en el proyecto se señala que durante la entrevista televisiva Alberto Fernández "criticó" el accionar de los fiscales y el pedido de 12 años de prisión para Cristina Kirchner, y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Todo esto en "un claro apartamiento de los más básicos principios Republicanos de División de Poderes, la Legalidad y la Ética que debe impregnar el actuar de los servidores públicos, cualquiera sea su jerarquía", concluyeron los diputados en el escrito.


Fuente: diariotag.com

Tras el sorteo de la poceada chaqueña realizado el pasado martes 23, un vecino de la ciudad de Resistencia se presentó en la sede de Lotería chaqueña portando el ticket que lo hizo acreedor a un premio cercano a los 15 millones de pesos.

Sobre cómo se enteró de la noticia el hombre de 46 años comentó que "recién anoche me puse a controlar el extracto, junto con mi mamá".

La jugada que lo llevó a la victoria fue una apuesta manual, con los números 49, 56, 83, 87 y 93. "Los números los tomé de un ticket automático que jugué hace tiempo", acotó el vecino resistenciano, que se llevó un pozo acumulado de 14.976.805 pesos.

La jugada de la suerte fue registrada en la Agencia Oficial 333 de Nora del Carmen Pellizari, ubicada en la avenida Lavalle 274 de la capital provincial.

En este sentido, el flamante ganador aseveró que este importante premio de la Poceada Chaqueña le permitirá saldar deudas e invertir en un emprendimiento personal con el que soñó toda la vida.


Funte: diariotag.com

Los titulares de las bancadas del interbloque opositor presentaron un proyecto de resolución en el que acusa al Presidente de "mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones".

Los titulares de las bancadas que conforman el interbloque Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados presentaron este jueves en conferencia de prensa un proyecto de resolución en el que pidieron formalmente el juicio político contra el presidente Alberto Fernández por sus "amenazas púbicas" contra el fiscal Diego Luciani, quien solicitó una condena de 12 años de prisión contra Cristina Kirchner en el juicio por la obra pública.

En una entrevista televisiva, el jefe de Estado había dicho que el ex fiscal Alberto Nisman "se suicidó" y que él esperaba que Luciani "no haga algo así", lo cual desató un vendaval de repudios de parte de la oposición.

La movida parlamentaria de parte de los jefes opositores, que acusa a Fernández de "mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones", ocurre en paralelo a la denuncia que radicaron diputados de la Coalición Cívica ante la Justicia contra Alberto Fernández por los delitos de amenazas y sedición.

Por sorteo, se determinó que la causa estará a cargo del juez federal Daniel Rafecas -quien había sido postulado por el presidente para el cargo de Procurador General de la Nación- y el fiscal  federal Ramiro González.

"Como Poder Legislativo de la Nación, representando a este interbloque, venimos a solicitarle por la violación al artículo 109 de la Constitución Nacional, el juicio político al presidente", sostuvo el presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, durante una conferencia de prensa en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso.

El diputado macrista reconoció que desde Juntos por el Cambio entienden "la responsabilidad institucional que significa un pedido de juicio político por parte de la oposición, pero también entendemos lo que también esta pasando en la calle y lo que están pasando los argentinos al ver que un presidente de la Nación intenta intimidar, amenazar y violentar el trabajo de un poder que debe ser independiente".

A su turno, el jefe del bloque radical, Mario Negri, destacó que "es la primera vez" que todos los presidentes de los bloques de Juntos por el Cambio piden el juicio político contra el mandatario nacional.

"Queremos ubicar la máxima responsabilidad que fija la Constitución para un presidente que no cumple con lo que ordena la Carta Magna”, dijo el cordobés, y agregó: "Lo de anoche en televisión fue un mensaje con código mafioso, no es un mensaje propio de un Presidente".

El titular de la bancada de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, sostuvo que "el presidente de la Nación tiene que entender que vive en un Estado de Derecho" y en consecuencia "no puede intimidar al resto de los poderes públicos, no puede tratar de condicionar al resto de los poderes públicos y tiene que aceptar la decisión de la Justicia".

"Tampoco el presidente puede indultar si le toca la condena a la vicepresidenta por los delitos contra la corrupción, no solo por la interpretación que hacemos 36 de la Constitución, no se pueden indultar porque la sociedad argentina no tolera más la impunidad", enfatizó.

Por su parte, la presidenta del bloque Encuentro Federal y titular del partido GEN, Margarita Stolbizer, opinó que "el presidente se ha extralimitado violando la Constitución, entre otras cosas cuando califica o descalifica la acción de un fiscal que sólo ha hecho cumplir con su papel que es acusar en una investigación a través de todas las pruebas que recolectó después de mucho tiempo y llega a la convicción de la comisión de los delitos y la responsabilidad de la señora de Kirchner y cumple en un acto procesal, propio de cualquier juicio, del momento en el que acusa".

En cambio, el líder de Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy, consideró que Alberto Fernández "rebasó los límites tolerables, no sólo porque infringe el marco de la división de poderes, sino también por la frivolidad con la que trató el tema del magnicidio del fiscal Nisman".

Más allá del pronunciamiento público y las repercusiones que genera, lo cierto es que la oposición no tiene mayoría en la comisión de Juicio Político, por lo que no podrá sacar dictamen. Aún si lo hiciera, necesitaría juntar las dos terceras partes de los votos para remover a Alberto Fernández de su cargo, porcentaje que está muy lejos de las posibilidades reales.

Esta mañana, los diputados de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, Paula Oliveto, Juan Manuel López y Mariana Zuvic, y el macrista Waldo Wolff, presentaron la denuncia judicial contra el presidente, en cuyo texto señalaron que los dichos de Fernández "representan una clara amenaza contra los fiscales para que no continúen con su tarea de acusación a fin de evitar que formulen cualquier otro impulso del expediente que tienen a su cargo".

Además sostuvieron que el mensaje conlleva “un claro amedrentamiento a quienes investigan delitos graves contra el poder político” dado que el Presidente es la "persona a cargo de amplios poderes formales que puede materialmente desviar".

 
Fuente: Noticias Argentinas