Domingo, 17 Mayo 2026
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El oficialismo hizo concesiones a gobernadores y a la CGT. Patricia Bullrich anunció un “acuerdo” para tratar el proyecto.

El Senado debatirá este miércoles desde las 11 el proyecto de reforma laboral, una iniciativa para la cual el oficialismo hizo concesiones tanto a los gobernadores aliados como a la CGT, que resistió varios puntos del articulado.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, anunció este martes un “acuerdo” para tratar el 11 de febrero la reforma laboral, a la que llamó la “primera ley de la democracia para hacer un cambio estratégico en las relaciones laborales”.

El acuerdo alcanzado con los bloques aliados y los gobernadores contempló la eliminación del artículo de rebaja del Impuesto a las Ganancias para las grandes y medianas empresas, que tenía un impacto de más de 2 billones de pesos en las provincias.

Otro punto importante es que el oficialismo cedió al reclamo de la CGT debido a que se mantuvo la denominada “caja sindical”: se mantendrá por dos años el aporte solidario a los gremios pero con un tope del 2% y no se rebajan las cargas para las obras sociales que se mantienen en el 6%.

También quedó el aporte obligatorio a las cámaras empresariales con un tope del 0,5%.

Además, se aceptó el pedido de los bancos de mantenerse como únicos responsables para abonar los sueldos, debido a que no se autorizarán a las billeteras virtuales, como figuraba en el proyecto original.

Con este acuerdo, La Libertad Avanza llegará a la sesión convocada para este miércoles a las 11 con la garantía de que puede sancionar la ley de modernización laboral.

“Tiene 28 modificaciones consensuadas y es un dictamen que ha llevado a un buen puerto después de meses de trabajo”, dijo Bullrich sobre el entendimiento con distintos partidos como “la UCR, el PRO y partidos provinciales”.

Y agregó que “desde el principio de la democracia que la Argentina viene trabajando en la posibilidad de adecuar sus normas laborales a los distintos cambios que ha tenido el país y el mercado laboral”.

Bullrich justificó los cambios sustanciales que se produjeron con una frase donde reconoció que sin esas reformas no tenían los votos. “El tango se baila de a dos”, dijo al afirmar que una ley “no es la imposición de una parte sobre la otra, sino que es la construcción de un acuerdo”

“En este acuerdo, el Gobierno propuso una rebaja de ganancias. Los senadores, porque yo no he hablado con los gobernadores, dijeron que tenía que ser una mirada más integral, es decir, que no hay una negativa a tratarlo, sino una mirada más integral de un pacto federal que trabaje sobre todos los problemas de competitividad que tiene la Argentina. Entonces, nos quedamos comprometidos a eso. Yo creo que no hay ganadores y perdedores, sino que hay un acuerdo”, planteó.

Bullrich brindó la conferencia junto al titular de la UCR, Eduardo Vischi, y del PRO Martín Goerling Lara, donde explicó todos los cambios y destacó que ese consenso “se construyó con horas de trabajo de los 44 senadores”.

La Libertad Avanza tiene 20 legisladores y cuenta con el respaldo de los 10 de la UCR; tres del PRO; uno del Frente Cívico; dos del Frente de la Concordia; uno de Despierta Chubut; uno de Primero los Salteños, otro de Independencia, otro Provincias Unidas y uno de La Neuquinidad, con lo que totalizan 41 votos.

Todavía no hay certeza como votarán los santacruceños y la senadora de Córdoba Alejandra Vigo.

Bullrich acordó además que el Fondo de Asistencia Laboral creado para solventar los despidos tendrá dos categorías: una para las grandes empresas, que aportarán el 1% de los aportes que hacen a ANSES, y el de las pymes que destinarán el 2,5%.

“En el fondo de asistencia laboral, por una propuesta en primera instancia de la UCR y aceptada por todos los que conformamos este grupo de los 44, hemos dividido el FAL en dos categorías, un 1 por ciento para las grandes empresas y un 2 y medio para las pymes, minipymes y medias, que podrá llegar a uno y medio para las grandes, y a 3 con un mecanismo de control de la Cámara de Diputados, con la Comisión Bicameral de previsión social”, destacó.

El capítulo impositivo, en tanto, se mantendrá con excepción de la rebaja de Ganancias, con lo cual se eliminarán impuestos internos y se creará el Régimen de Inversiones para medianas empresas (RIMI) que establece beneficios fiscales para las nuevas inversiones como la amortización acelerada de ganancias y del IVA.

Bullrich aclaró además que “los salarios se van a cobrar solo en entidades bancarias o de ahorro oficial”, ya que “si aquellos que no son bancos son, digamos, pagadores de salario y no tienen las mismas exigencias que un banco, pueden generar enormes problemas”.

“Así que eso lo hemos sacado. El Banco Central podrá darle a billeteras virtuales, que hoy no son bancos, la categoría de banco”, añadió.__IP__

Bullrich ratificó además que se derogará el Estatuto del Periodista pero habrá un plazo de seis meses para negociar un nuevo convenio colectivo de trabajo.

“Se caen los estatutos a los seis meses para que armen un convenio adecuado en cada uno de los sectores. Los estatutos son leyes previas a la ley de Contrato de Trabajo. No tiene ningún sentido que haya leyes distintas a la ley de contrato de trabajo que rijan la vida laboral de los argentinos”, afirmó la legisladora.


Fuente: NA

El Poder Ejecutivo provincial reglamentó la Ley 4200-H, promulgada mediante el Decreto N.º 2025-1492, que establece un régimen de retiro voluntario destinado a agentes del Estado que aporten al Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (InSSSeP).

El régimen alcanza a la Administración Central, entes descentralizados y autárquicos, INSSSEP, Lotería Chaqueña y empresas y sociedades del Estado, siempre que realicen aportes al sistema previsional provincial. Asimismo, otros poderes e instituciones del Estado podrán adherirse de manera voluntaria.

¿Quiénes pueden acceder al beneficio?

Podrán acceder al beneficio los agentes de planta permanente que cuenten con un mínimo de 10 años de aportes al INSSSEP, computándose también el tiempo trabajado como personal transitorio con aportes. Quedan excluidos del régimen el personal docente, de seguridad, quienes desarrollen tareas de atención sanitaria directa o indirecta, personal esencial por razones de servicio, agentes sometidos a sumarios administrativos o procesos penales, y quienes se encuentren en condiciones de jubilarse o hayan presentado su renuncia.

El monto del retiro voluntario oscila entre el 50% y el 75% de la remuneración, de acuerdo con la edad del agente y los años de aportes jubilatorios. La base de cálculo será la última remuneración mensual normal, habitual, regular y permanente, considerando únicamente los rubros sujetos a aportes. El beneficio cuenta con movilidad automática y es liquidado por cada jurisdicción, que asume el costo correspondiente.

Los beneficiarios continuarán percibiendo sueldo anual complementario y asignaciones familiares, manteniendo además los aportes al sistema previsional, a la obra social y al fondo de salud pública.

¿Cómo se hace el trámite?

La tramitación se realizará a través del sistema de Trámites a Distancia (TGD), donde el agente podrá acceder previamente a una preliquidación del beneficio. El plazo para iniciar la solicitud, en una primera etapa será hasta el 31 de mayo; plazo que se irá prorrogando hasta el 31 de diciembre de 2026.

¿Quién será la autoridad de aplicación?

La autoridad de aplicación será la Secretaría General de la Gobernación, facultada para dictar normas aclaratorias y complementarias. El régimen tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 y establece la prohibición de reingreso al Estado, salvo en el caso de cargos electivos o como autoridad superior.


Fuente: chacodiapordia.com

Se ubicó por encima del promedio nacional.

Según el INDEC, la inflación del NEA fue del 3,8%, y se ubicó por encima del promedio nacional, que fue del 2,9%. De esta forma, el nordeste fue la región con mayor inflación .

La segunda región con mayor inflación fue Cuyo, con 3%. Le siguieron las regiones Pampeana y la Patagónica, que registraron 2,9%; y las regiones del Noroeste y del Gran Buenos Aires, con un 2,8%.

El rubro que más aumentó en enero fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, y fue el de mayor incidencia en la canasta que mide la inflación, al ubicarse en el 4,7%. Siguieron los rubros Restaurantes y hoteles (4,1%), Comunicación (3,6%) y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3%). Todos estos rubros crecieron por encima del IPC general. 

Por su parte, los rubros que subieron por debajo de la inflación fueron Bienes y servicios varios (2,7%), Salud (2,3%) y Transporte y Equipamiento y mantenimiento del Hogar (1,8%). La categoría Prendas de vestir y calzados es la única que cayó durante en enero: -0,6%. 

Según el INDEC, a nivel de categorías, los precios estacionales encabezaron el aumento con el 5,7%, seguidos del IPC núcleo (que contiene aquellos bienes y servicios que no dependen de factores estacionales) con el 2,6% y los regulados (productos cuyo valor depende de una decisión oficial), con el 2,4%.

 

 

Fuente: datachaco.com

El proyecto será dictaminado el miércoles en un plenario de comisiones con la intención de que se vote el jueves en el recinto.

El proyecto que crea un régimen penal reforma penal juvenil ingresó a la Cámara de Diputados y ya entró en la curva de definiciones, debido a que está previsto que el jueves próximo sea votado en el recinto de sesiones.

Según pudo corroborar la Agencia Noticias Argentinas, el proyecto es muy similar al que tuvo dictamen en mayo del 2025, con la salvedad que, en esta oportunidad, el Gobierno incluyó en la redacción la asignación de fondos a la Defensoría General y al Ministerio de Justicia para que procuren el financiamiento para la efectiva implementación de la ley.

En el proyecto original se dejaba librado el financiamiento a la discrecionalidad de Jefatura de Gabinete, lo que levantaba la sospecha de que la ley terminara siendo letra muerta.

En la nueva versión, se disponen más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones de pesos para el Ministerio de Justicia.

Por otra parte, el proyecto tal como ingresó reduce la edad de imputabilidad en Argentina de 16 a 14 años, mientras que aquel dictamen situaba la edad mínima punible en los 14 años.

El debate

De todos modos, el consenso actualmente existente alcanza para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, por lo que el dictamen recuperaría ese acuerdo, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes cercanas a Laura Rodríguez Machado, la presidenta de la comisión cabecera de Legislación Penal.

Además de la polémica por la edad de imputabilidad, en el régimen especial de minoridad se entrecruzan múltiples planos dimensiones como los tipos de delitos punibles, las sanciones o castigos alternativos a las penas privativas de la libertad, los lugares donde cumplir la pena, y las medidas complementarias de resocialización.

El proyecto de ley deja de lado la posibilidad de dictar una condena de reclusión perpetua y pretende fijar un máximo de 15 años de prisión para menores.

Para delitos con penas menores a 3 años, o hasta 10 años sin violencia grave, se priorizan medidas con un enfoque social y educativo, además de tener libertad asistida y realizar tareas comunitarias, en lugar de la prisión efectiva.
Cómo sigue

Este miércoles, un plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familia, Niñez y Adolescencias; Justicia; y Presupuesto y Hacienda juntará los avales para dictaminar y dejar lista la iniciativa para el jueves en el recinto.

En la oposición se ponen en guardia y denuncian que el Gobierno quiere avanzar a libro cerrado, de forma exprés. 

En realidad, se trata de una ley que fue ampliamente debatida el año pasado, con siete reuniones que incluyeron audiencias con especialistas de ámbitos diversos como la criminalística, la neurología, la Justicia, y de Defensorías de la niñez. 

De ese debate, surgió un dictamen de 77 firmas muy parecido al que se va a volver a firmar el miércoles, que incluso fue apoyado con disidencias parciales por sectores minoritarios de Unión por la Patria.

El tema había quedado postergado durante meses por otros asuntos que despertaron el interés prioritario del Gobierno, y recién se reactivó en este período de sesiones extraordinarias a partir del estallido de un caso conmocionante de inseguridad que sacudió a la opinión pública como fue el crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe.

Este homicidio del adolescente de 15 años a manos de otros tres menores obligó a la política a volver a poner en agenda el debate por la ley penal juvenil.
La mirada del Gobierno

Desde el Ejecutivo indicaron que esta iniciativa busca terminar con la llamada “puerta giratoria” de la permanente entrada y salida de los menores a la delincuencia y condenar delitos cometidos por jóvenes de 16 años que, actualmente, mantienen impunidad con la ley vigente (22.278).

La iniciativa va muy en línea con el espíritu que emana permanentemente el Gobierno y en particular el presidente Javier Milei de que el que “las hace las paga”, y que frente a un “delito de un adulto, pena de adulto”.

La idea es elevar los costos para quienes delinquen, en este caso a los menores de edad, y que tomen consciencia de a qué consecuencias se exponen si siguen el camino del delito.

También hay una narrativa antigarantista con perspectiva de víctima que combate la idea de que hay que considerar a los autores de delitos como víctimas de un sistema social que los excluyó.

Argentina es uno de los pocos países que no cuenta con un régimen penal de minoridad junto con Cuba, y de ahí el debate sobre la necesidad de generar un marco que por un lado aplique sanciones diferenciales a los menores que delinquen pero al mismo tiempo genere mecanismos de resocialización, de reinserción laboral para que cuando salgan del encierro no vuelvan a caer en el espiral de la delincuencia.
La mirada de la oposición dura

Desde la oposición más dura, refractaria a la reforma, señalan que no hay evidencia empírica real en Latinoamérica ni el mundo que respalde la idea de que aplicando más severamente el Código Penal sobre menores bajen los índices de criminalidad o delincuencia.__IP__

Brasil, por caso, bajó la edad de imputabilidad a los 12 años y la tasa de homicidios en dicho país, lejos de bajar, trepó a 23.1 cada 100 mil habitantes, un número escalofriante.

La oposición sostiene que el problema de la criminalidad juvenil es estructural y obedece a un sistema histórico de exclusión social que deja a la deriva a miles de jóvenes que sienten que no tienen nada que perder y son empujados al delito por desesperación y falta de oportunidades. 


Fuente: NA