Jueves, 02 Julio 2026
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La Corte Suprema de Justicia presentó el «proyecto de reglamento de concursos para la selección de magistrados», que establece concursos anticipados y especiales, inscripción continua y pública mediante un sistema digital unificado, legajo personal intransferible obligatorio y pruebas de oposición en dos etapas con corrección automatizada.

Además, establece anonimato garantizado por medios informáticos, entrevistas públicas a los seis mejores candidatos transmitidas por medios audiovisuales y dictamen final de la terna con puntajes para reforzar mérito, transparencia y trazabilidad en la selección de jueces.

La Corte Suprema de Justicia presentó un proyecto integral destinado a reformar los concursos del Consejo de la Magistratura, con el propósito de reducir la discrecionalidad en la designación de jueces y fortalecer los criterios de mérito, transparencia y trazabilidad.

La iniciativa, aprobada mediante la acordada 4/2026, fue encabezada por los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y se centra en optimizar los procesos de selección de magistrados tanto a nivel federal como provincial.

La presentación del proyecto se realizó en un acto que congregó a autoridades judiciales, consejeros del Consejo de la Magistratura, representantes del Ministerio Público, legisladores, académicos y organizaciones sociales.

El encuentro buscó subrayar la importancia de garantizar un procedimiento claro, objetivo y abierto, capaz de generar confianza en la ciudadanía respecto al nombramiento de jueces en el país.

Rosenkrantz destacó durante la exposición que la propuesta responde a la «necesidad imperiosa de mejorar el procedimiento» y enfatizó que el objetivo central es «identificar a los mejores candidatos mediante una estrategia simple: eliminar la discrecionalidad».
 Su intervención insistió en la relevancia de establecer normas claras que impidan arbitrariedades en la selección de magistrados.

Por su parte, Lorenzetti alertó sobre un «déficit estructural» en los procesos de selección judiciales y señaló que en varias jurisdicciones se observa una creciente partidización en la designación de jueces.
 Subrayó que la reforma pretende evitar que estas designaciones respondan a intereses coyunturales, arbitrarios u oscuros, reafirmando la independencia del Poder Judicial frente a influencias externas.

La acordada 4/2026 propone una reorganización integral del sistema de concursos, manteniendo como resultado final la terna de candidatos que el Consejo de la Magistratura envía al Poder Ejecutivo.

Este mecanismo busca garantizar continuidad institucional, mientras refuerza criterios de transparencia y objetividad en la evaluación de postulantes.


PARTICIPACIÓN DE AUTORIDADES Y REFERENTES
En la presentación participaron consejeros del Consejo de la Magistratura, entre ellos Agustina Díaz Cordero, Santiago Viola, Diego Barroetaveña, Jimena de la Torre, Hugo Galderisi, César Grau, Alberto Lugones, Alberto Maques, Alejandra Provítola, Guillermo Tamarit, Fernanda Vázquez y Eduardo Vischi.

También estuvieron presentes exconsejeros como Alejandro Fargosi, Pablo Tonelli, Adriana Donato, Jorge Yoma, Graciela Camaño y Gerónimo Ustarroz.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, participó acompañado de sus antecesores Germán Garavano, Mariano Cúneo Libarona y Marcela Losardo.
 Su presencia destacó la coordinación institucional entre los distintos niveles del sistema judicial y el Poder Ejecutivo en la implementación de reformas normativas.

Entre las autoridades judiciales presentes se contaron la titular de la Suprema Corte bonaerense, Hilda Kogan, el ministro Daniel Soria, la presidenta del Tribunal Superior de la Ciudad, Inés Weinberg, y los jueces Marcela De Langhe, Luis Lozano y Santiago Otamendi.

También asistieron Javier Raidan, presidente del Superior Tribunal de Chubut, y Federico Otaola, titular de la Suprema Corte de Jujuy.

El proyecto fue recibido como un esfuerzo por fortalecer la idoneidad y previsibilidad del sistema judicial.
Los ministros resaltaron que la reforma busca incrementar la confianza pública en uno de los procesos institucionales más sensibles, garantizando que la selección de jueces se base en criterios objetivos y trazables.


Fuente: diariolavozdelchaco.com

Este sábado, el equipo de Scaloni le ganó por la mínima a la Sub 20 de Diego Placente.

La Selección argentina, que tuvo el domingo libre y este sábado realizó un ensayo futbolístico ante el combinado Sub 20 que dirige Diego Placente, en el predio de Ezeiza, empezará la segunda y última semana de entrenamientos en esta nueva fecha FIFA.

En un ensayo dividido en dos tiempos de 40 minutos, el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni se impuso por 1 a 0 gracias a un tanto de José Manuel López, tras una buena acción colectiva. El trabajo se realizó como previa del compromiso que el equipo disputará en La Bombonera este martes ante Zambia.

El entrenamiento incluyó minutos de fútbol para varios jugadores. La formación inicial fue: Rulli; Giay, Martínez Quarta, Otamendi, Tagliafico; Barco, Paredes, Exequiel Palacios; Prestianni, José López y Nico Paz. En la segunda mitad ingresaron: Perrone, Mastantuono, Simeone, Musso, Gabriel Rojas y Tomás Palacios.

Por su parte, los futbolistas que arrastraban mayor carga tras el último amistoso realizaron tareas regenerativas en el gimnasio para optimizar su recuperación, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Este domingo 29 de marzo fue el único día libre antes de retomar la actividad: una pausa para recuperar energías luego de varios días de trabajo intenso en el predio de la AFA.

La actividad se reanudará el lunes 30 de marzo a partir de las 11, cuando los futbolistas vuelvan a concentrarse. Ese mismo día está previsto un nuevo ensayo en campo —con horario a confirmar— en el que el cuerpo técnico comenzará a delinear los próximos pasos de cara al cierre de la preparación.


Además, Lionel Scaloni brindará una conferencia de prensa, la cual comenzará a las 11:00, en la que se espera que analice el presente del equipo —tras no mostrarse conforme luego del encuentro ante Mauritania— y anticipe los objetivos inmediatos de la Albiceleste en esta última etapa de preparación previo al Mundial en Estados Unidos, México y Canadá.


Fuente: noticiasargentinas.com

El Gobierno provincial entregó adjudicaciones en Paraje La Lagunita. Hay casos de pobladores que aguardaron hasta 50 años por la regularización.

Tras más de cuatro décadas de espera, familias rurales del Paraje La Lagunita, cerca de Misión Nueva Pompeya, accedieron finalmente a la adjudicación de las tierras que habitan y trabajan desde hace generaciones.

El acto fue encabezado por el gobernador Leandro Zdero, junto al intendente Vicente González y la presidenta del Instituto de Tierras Fiscales, Marilyn Canata.
"LA TIERRA DEBE SER DE QUIEN LA TRABAJA"

En ese marco, el mandatario provincial destacó que muchas de las familias beneficiadas habían perdido la esperanza de regularizar su situación dominial. "Nuestra decisión es clara: la tierra debe estar en manos de quienes la trabajan y la habitan hace años", afirmó, al tiempo que remarcó la intención de revertir prácticas históricas que excluían a los pequeños productores.

Zdero subrayó además la importancia de la presencia estatal en zonas alejadas. "Estamos llegando a lugares donde durante mucho tiempo no se llegaba", sostuvo, y remarcó que muchas de estas familias "habían perdido la esperanza de que su tierra fuera valorada y regularizada".

"Queremos terminar con prácticas del pasado donde se desplazaba a los pobladores y la tierra quedaba en manos de unos pocos", afirmó el gobernador, al tiempo que señaló: "Hoy se hace justicia, entregando estas ubicaciones a vecinos y productores que hace muchos años viven y trabajan estas tierras. Pudimos avanzar con adjudicaciones concretas para los pobladores del lugar, y la verdad que compartimos un momento de mucha emoción. Sabemos que hay familias que esperaron 40 o 50 años, incluso generaciones enteras, para tener este reconocimiento".

Por su parte, el intendente González calificó el hecho como "histórico" para la región y remarcó que la seguridad jurídica sobre la tierra es clave para el desarrollo de las familias.

Por su parte, Canata explicó que el proceso de regularización continuará en la zona y en otros puntos del territorio provincial, bajo un esquema progresivo y ordenado. "La tierra es para quien la trabaja y la necesita", sostuvo, al destacar que el objetivo es garantizar un sistema transparente y equitativo.


Fuente: datachaco.com

La causa penal que investiga a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la presunta retención indebida de aportes por más de $19 mil millones ingresó en una etapa decisiva, marcada por la inminencia de resoluciones judiciales que podrían redefinir el curso del expediente.

El proceso, radicado en el fuero penal económico, se encuentra en condiciones de avanzar hacia una definición sobre la situación procesal de los imputados, en un contexto de alta exposición pública y creciente impacto político.

El juez en lo penal económico Diego Amarante quedó habilitado para resolver tras la última ronda de indagatorias, siendo la declaración del presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, el pasado 12, el punto de cierre de esa instancia.

Desde entonces, comenzaron a correr los plazos procesales de diez días hábiles para que el magistrado determine si corresponde dictar procesamiento, falta de mérito o sobreseimiento respecto de los acusados.

En la causa también están imputados el tesorero Pablo Toviggino y los dirigentes Gustavo Lorenzo, Víctor Blanco y Cristian Malaspina.
Todos optaron por presentar escritos en los que negaron los cargos, evitaron responder preguntas y cuestionaron el encuadre del expediente, al tiempo que solicitaron la producción de nuevas medidas de prueba para respaldar sus posiciones defensivas.

Durante las indagatorias, los imputados debieron escuchar la lectura completa de la acusación, que detalla 51 hechos, uno por cada período fiscal en el que, según la imputación, se habrían retenido y no depositado aportes al fisco entre 2024 y 2025.
 La exposición incluyó además un informe de 15 carillas con el conjunto de pruebas reunidas desde la denuncia inicial formulada por Arca.

En paralelo a la decisión del juez, la Cámara en lo Penal Económico debe pronunciarse sobre un planteo clave de las defensas que podría alterar sustancialmente el rumbo del caso.

La resolución de este punto determinará si la causa continúa su curso o si, por el contrario, se declara la inexistencia de delito, lo que implicaría el cierre del expediente.


EL DEBATE JURÍDICO
El expediente presenta un doble frente de definición: por un lado, la situación procesal de los imputados en manos del juez de primera instancia; por otro, la discusión de fondo sobre la configuración del delito, actualmente bajo análisis de la Sala A de la Cámara, integrada por los jueces Carolina Robiglio y Roberto Hornos.

El fiscal general ante la Cámara, Gabriel Pérez Barberá, emitió un dictamen contundente en el que sostuvo que los pedidos de sobreseimiento deben ser rechazados y que la investigación debe continuar.

Su posición refuerza la hipótesis acusatoria al afirmar que la conducta investigada encuadra en el tipo penal previsto para la retención indebida de aportes.

En su dictamen, el fiscal expresó que «la consumación se produce cuando, vencido el plazo, el obligado omite efectuar su depósito», subrayando el carácter omisivo del delito.
 Esta interpretación coloca el eje en el incumplimiento del deber de transferencia de fondos retenidos, independientemente de otras consideraciones administrativas.

Asimismo, rechazó el argumento central de la defensa, que sostiene que la suspensión de ejecuciones fiscales dispuesta por el Ministerio de Economía habría vuelto inexigible la deuda.

En ese sentido, afirmó que «la exigibilidad de una obligación no depende de la disponibilidad inmediata de los mecanismos de ejecución», marcando una diferencia entre la existencia de la obligación y su eventual cobro.

El fiscal también enfatizó que los fondos en cuestión no corresponden a tributos propios de la entidad, sino a dinero retenido a terceros que debía ser transferido al Estado, lo que implica un deber jurídico reforzado y una mayor gravedad en caso de incumplimiento.

La posición de las defensas

Las defensas, por su parte, sostienen una interpretación distinta del marco legal, argumentando que no puede configurarse delito si no existe una obligación exigible.

En esa línea, plantean que la suspensión de ejecuciones fiscales implicó una postergación de los vencimientos, lo que impediría considerar configurado el incumplimiento penal.

Según esta postura, el tipo penal no se activa por la mera existencia de una deuda, sino por el transcurso de un plazo específico desde el vencimiento de la obligación de ingreso.

En consecuencia, si ese vencimiento fue diferido por disposiciones administrativas, no habría base para imputar responsabilidad penal.

Las defensas también introdujeron el concepto de atipicidad de la conducta, señalando que el encuadre jurídico propuesto por la fiscalía no se ajusta a las condiciones necesarias para la configuración del delito tributario en cuestión.

Fuerte rechazo a Tapia en partido de la selección

En paralelo al desarrollo judicial, la figura de Claudio Tapia quedó expuesta a una fuerte reacción del público durante el partido de la selección en La Bombonera.

Su aparición en el estadio, junto a Juan Román Riquelme, generó una respuesta adversa que se manifestó en silbidos e insultos desde los cuatro sectores.

El episodio resultó significativo por tratarse de un ámbito tradicionalmente favorable a la conducción de la AFA.
 La presencia de Tapia, vinculada históricamente al ciclo exitoso de la Selección, derivó en una reacción inesperada que contrastó con ese antecedente.

Los silbidos comenzaron tras su identificación por los altoparlantes y se extendieron de manera uniforme en todo el estadio.
 Incluso se registraron cánticos ofensivos como «Chiqui Tapia botón» y «Hijo de p…», que se escucharon en distintos sectores.


Fuente: diariolavozdelchaco.com