Viernes, 20 Noviembre 2026
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Mariel Borruto hizo lugar a una cautelar presentada por el CECIM y abogados ambientalistas contra las empresas petroleras Rockhopper y Navitas. También les exigió que informen en diez días cómo se financia y en qué estado se encuentra el emprendimiento Sea Lion.

La Justicia le puso un freno al proyecto petrolero Sea Lion en las Malvinas. La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, ordenó a la británica Rockhopper y a la israelí Navitas que no avancen con las actividades vinculadas al yacimiento. La decisión vuelve a poner bajo la lupa una explotación de petróleo que cruza negocios millonarios, impacto ambiental y la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido.

Borruto hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) y la Asociación Argentina de Abogados/as y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA). Además de frenar el proyecto, ordenó a las compañías presentar en diez días información sobre los contratos, el financiamiento, las aseguradoras y el estado de ejecución.

La medida cautelar tiene aplicación mientras avanza la causa y, para que pueda hacerse efectiva frente a las empresas, ahora será clave su notificación.

Desde el Juzgado Federal de Río Grande señalaron a Página/12 que la resolución debe ser puesta en conocimiento de la Cancillería, que tendrá a su cargo la comunicación correspondiente. Ese es uno de los puntos más delicados del proceso, ya que las empresas petroleras operan bajo licencias otorgadas por las autoridades de las islas y con respaldo británico.

Qué frenó la jueza

La orden judicial no se limita a las perforaciones en el mar. También alcanza la instalación de infraestructura submarina y las obras terrestres y portuarias destinadas a sostener la explotación.

Uno de los puntos señalados en la causa es que Sea Lion no habría iniciado ante las autoridades nacionales argentinas el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental ni contaría con autorización del Estado argentino.

La Justicia también tomó en cuenta los antecedentes de Rockhopper y las sanciones e inhabilitaciones aplicadas por Argentina a empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en la zona.

Para las organizaciones que impulsaron la demanda, el problema va más allá de una discusión técnica sobre petróleo. Lo que está en juego también es la explotación de recursos naturales en un territorio cuya soberanía Argentina reclama.

Ahora la decisión queda en manos de Cancillería

La Justicia ya frenó Sea Lion, pero la medida todavía debe llegar formalmente a las empresas. Cancillería deberá notificar a Rockhopper y Navitas la orden de la jueza Borruto. Recién entonces podrá verse cómo responden las petroleras y, sobre todo, con qué rapidez actúa el Gobierno argentino.

Los cuestionamientos al proyecto tampoco son nuevos. Gobiernos provinciales y organizaciones ambientales ya habían presentado reclamos por la actividad de estas empresas. Durante la gestión de Javier Milei, esos planteos no avanzaron.

Por eso, la notificación será un primer test para el Gobierno. Habrá que ver si Cancillería actúa con rapidez para hacer cumplir la decisión judicial, mientras las petroleras mantienen su plan para comenzar a extraer petróleo en 2028.

Fuente: Página 12

La Libertad Avanza, junto a sus aliados, aprobó por 41 a 25 votos el proyecto que reforma la ley de biocombustibles

El Senado aprobó por amplia mayoría el proyecto de reforma de la ley de biocombustibles, que aumenta los cortes obligatorios de bioetanol del 12% al 15% y de biodiésel del 7% al 10%, porcentajes que comenzarían a aplicarse un año después de la sanción de la ley.

La iniciativa fue respaldada por 41 a 25 votos y será girada para su revisión a la Cámara de Diputados.

El proyecto fue respaldado por La Libertad Avanza, PRO, Independencia, Primero los Salteños, Convicción Federal, Movimiento por Misiones, la mayoría de la UCR y el senador tucumano y exgobernador José Manzur.

En tanto, el proyecto fue rechazado por el bloque justicialista, Movere por Santa Cruz y el senador radical Maximiliano Abad.

Esta propuesta se pudo debatir luego de que se superaran las diferencias que existían sobre la participación de las pymes de biodiésel, dado que se acordaron modificaciones entre los libertarios y los aliados.

Las pequeñas y medianas empresas pretendían mantener su participación del 7,5% del mercado, mientras que el proyecto contemplaba una reducción progresiva hasta su eliminación en 2031.

Con la nueva propuesta, las empresas no integradas tendrán el piso mínimo a partir del 1° de enero de 2031 hasta 2036 del 4%, con lo cual tendrán una porción del mercado asegurada.

DEBATE

La presidenta de la comisión de Minería, Energía y Combustibles, Flavia Royón, señaló que este “dictamen busca preservar y dar previsibilidad a las capacidades productivas existentes, pero al mismo tiempo crear una transición hacia un marco más competitivo, más transparente y abierto a nuevas tecnologías”.

Señaló que “este dictamen no solo aumenta los cortes del bioetanol y del biodiésel, sino que también regula cómo se abastecen esos cortes y cómo se comercializan estos productos, es decir, cómo se garantiza una transición ordenada”.


Destacó que “en el caso del biodiésel se establece un período de transición hasta el año 2036, y eso asegura que la apertura no va a ser abrupta; es un esquema que progresivamente reduce la porción reservada a empresas no integradas y amplía gradualmente la competencia en el sector”.

La senadora de Independencia, Beatriz Ávila, señaló que "apoyo elevar al 15% el corte obligatorio de biocombustibles y votar favorablemente la ley por su impacto positivo en el desarrollo energético, ambiental, industrial y regional".

"Esta ley tiene un sesgo federal en una Argentina desigual, con asimetrías. En el norte tenemos la caña de azúcar y para nosotros es importante que podamos avanzar en esta ley que es de vanguardia", manifestó.

Dijo que la reforma "no solo permitirá el incremento en los cortes obligatorios, sino también en la reducción de las emisiones, en la mejor calidad de los combustibles, en la innovación y la tecnología y, por supuesto, si es favorable en términos de precios, en la economía regional".

Por su parte, el exgobernador tucumano, Juan Manzur, apoyó la reforma de la ley de biocombustibles y señaló que "esta ley lo que hace es poner la mirada en el norte argentino, en una zona pobre, una zona castigada".

Destacó que esta iniciativa "va a repercutir muy positivamente en mi provincia, en Tucumán", apuntó, y destacó que la sanción de la ley impactará en forma positiva en los pequeños productores de la región.

La senadora cordobesa de Provincias Unidas, Alejandra Vigo, señaló que "Córdoba sigue marcando el camino en la industria de biocombustibles".

"Esa es la Argentina que queremos. Gracias a la decisión de la provincia, hoy Córdoba lidera el mercado de bioetanol y concentra casi el 70% de la capacidad instalada en la producción de etanol", aseveró.

El senador peronista Fernando Salino mostró reparos a aspectos del dictamen de mayoría al señalar que "hay muchas cosas que quisiéramos corregir. No podemos permitir todas las cosas que este proyecto delega en la reglamentación y que deberían estar contenidas en la propia ley".

A su vez, la presidenta de Convicción Federal, Carolina Moisés, señaló que "votaré hoy esta ley de biocombustibles, una ley que trabajé siempre porque vengo de San Pedro, rodeada de cañaverales".

Agregó que votará esta ley "pensando en Jujuy, en los productores y en cada familia cuando escucha la sirena del ingenio, que significa trabajo".

En el cierre del debate, el presidente del bloque justicialista, José Mayans, dijo: "no podemos acompañar por solidaridad con las provincias que nos están advirtiendo que las industrias se les pueden ir del lugar".

Por su parte, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, señaló que "se está discutiendo algo más grande que un porcentaje de corte. Estamos discutiendo qué reglas queremos para una industria estratégica para la Argentina durante los próximos 15 años".

Fuente: NA

Se adelantó que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, comenzó a recibir desde este miércoles a siete mandatarios provinciales aliados y dialoguistas en una ronda de encuentros en el que el Gobierno busca avanzar con los proyectos clave en el Congreso.

Santilli inició las conversaciones con el objetivo de avanzar en las negociaciones por dos proyectos centrales para el Gobierno nacional: el Presupuesto 2027 y la suspensión de las PASO y en momentos en que el oficialismo busca reunir apoyos legislativos para impulsar su agenda parlamentaria.

Este miércoles por la tarde, Santilli recibó a los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

En tanto, este jueves por la mañana mantendrá un encuentro con el mandatario de Jujuy, Carlos Sadir, reunión en la que también participará el ministro de Economía, Luis Caputo.
Más tarde, pasado el mediodía, será el turno de Leandro Zdero (Chaco) y posteriormente de Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

El Presupuesto 2027, otro eje de la negociación

Las conversaciones también están enfocadas en el proyecto de Presupuesto 2027, que el Gobierno envió a la Cámara de Diputados y que comenzará a debatirse en octubre.
La iniciativa contempla una proyección de crecimiento económico del 4%, una inflación del 18% anual y un tipo de cambio de $1.847 para diciembre de 2027.

Desde el oficialismo buscan avanzar con el tratamiento en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde la defensa del proyecto estará a cargo de los secretarios de Hacienda, Carlos Guberman, y de Finanzas, Federico Furiase.

La negociación por la reforma electoral

Además del Presupuesto, el Gobierno intenta destrabar la discusión por la reforma electoral, que incluye la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y permanece frenada en el Senado.

La Casa Rosada necesita construir acuerdos con distintos bloques y gobernadores para conseguir los respaldos necesarios en el Congreso.
En las reuniones también estarán sobre la mesa temas vinculados a las provincias, como obras públicas, deudas previsionales, subsidios energéticos y partidas presupuestarias.

El oficialismo busca acuerdos legislativos

Luego de establecer su hoja de ruta parlamentaria, el Gobierno comenzó una etapa de negociaciones con sus aliados y sectores dialoguistas para intentar aprobar las iniciativas consideradas prioritarias.

Los gobernadores que participan de los encuentros son, en su mayoría, mandatarios con los que la administración nacional mantiene acuerdos parciales, aunque también existen diferencias vinculadas a cuestiones electorales y presupuestarias.

Con estas reuniones, el Ejecutivo busca consolidar apoyos antes de un período de fuerte actividad legislativa, marcado por el debate del Presupuesto y las reformas que impulsa para el próximo año.

Fuente: Perfil

La agenda incluye temáticas en salud, educación, agua segura, saneamiento, protección de derechos y preparación ante emergencias climáticas.

El gobernador Leandro Zdero mantuvo este miércoles, en Casa de Gobierno, una reunión con la representante adjunta de UNICEF Argentina, María Elena Úbeda Castillo, acompañada de Javier Quesada, Especialista Senior en Desarrollo Infantil Temprano y Salud, para avanzar en la agenda de trabajo conjunto, en cuestiones vinculadas con salud, educación, agua segura, saneamiento, protección de derechos y preparación ante emergencias climáticas.

Durante el encuentro, se realizó un seguimiento de los acuerdos de cooperación vigentes y se definieron líneas de trabajo a futuro, con especial atención en las prioridades establecidas por la Provincia para garantizar derechos y mejorar las condiciones de vida de los niños.

"Para nosotros es trascendental el trabajo con UNICEF, porque nuestros niños son una prioridad", sostuvo el secretario de Asuntos Estratégicos, Marcos Resico, quien destacó el acompañamiento técnico permanente del organismo en distintas áreas.

Asimismo, señaló que se abordaron temas vinculados con salud, educación, desarrollo social, acceso al agua y preparación ante emergencias, además de nuevas acciones para el acompañamiento integral de los niños.

AGUA SEGURA, SALUD Y DESARROLLO INFANTIL

Uno de los ejes centrales de la agenda fue el acceso al agua segura, especialmente en las comunidades rurales y en aquellos sectores donde las familias no cuentan con un servicio continuo. Úbeda destacó la importancia de esta política para la prevención de enfermedades y la protección de la salud durante los primeros años de vida, y señaló que UNICEF continuará acompañando a la Provincia en acciones vinculadas con agua y saneamiento, nutrición e higiene familiar.

La agenda conjunta también contempla fortalecer las políticas de atención de mujeres embarazadas, cuidados durante el parto y desarrollo infantil temprano, además de continuar acompañando las estrategias destinadas a mejorar los resultados de aprendizaje.

Otro de los puntos abordados durante la reunión fue la preparación ante posibles emergencias climáticas, implementando estrategias específicas para fortalecer la respuesta y garantizar la protección de los niños y adolescentes ante eventuales inundaciones u otros fenómenos.

"Estamos teniendo algunas conversaciones para pensar juntos cómo podemos prepararnos para las posibles inundaciones que pueda haber por los fenómenos climáticos", explicó Úbeda, quien remarcó la importancia de sostener un seguimiento permanente de los acuerdos de trabajo.

Además, la representante adjunta de UNICEF Argentina también valoró los avances registrados en Chaco y señaló que el organismo mantiene el compromiso de continuar trabajando de manera prioritaria con la provincia. UNICEF informó recientemente que Chaco registró el mayor avance entre las provincias en su índice de condiciones de vida de niños y adolescentes, aunque persisten desafíos en distintas dimensiones, especialmente en educación y salud.

En este marco, se acordó continuar fortaleciendo la articulación con los gobiernos municipales para mejorar las políticas locales destinadas a la niñez y adolescencia. Esta línea se vincula con el trabajo que UNICEF desarrolla en Chaco junto a municipios para fortalecer sus capacidades de gestión y promover políticas públicas centradas en los derechos de niños y adolescentes.


Fuente: datachaco.com