Esta mañana en el barrio Los Silos de la localidad General San Martín, un supuesto "conflicto vecinal" culminó con José Lagos, de 23 años y perteneciente a la comunidad qom, muerto por una herida de bala que habría sido efectuada por un policía. El hecho causó tal conmoción entre los vecinos que incluso la comisaría local fue incinerada, más de 15 personas resultaron heridas, nueve policías fueron retirados de sus cargos y las autoridades gubernamentales y policiales tuvieron que ir hasta el lugar para calmar las aguas y garantizar la transparencia.
Dentro del hecho existen versiones cruzadas sobre el origen del conflicto: por un lado, Ariel Acuña en conferencia de prensa esta noche, afirmó que la policía acudió al lugar cerca de las 9 horas por un "conflicto vecinal" anunciado en un llamado al 911. A la escena se habrían dirigido dos patrulleros que, en resumidas palabras del jefe de policía, incitaron aún más los enfrentamientos y no calmaron la situación. Ante la superioridad númerica de los vecinos aborígenes, los agentes tuvieron que retirarse del lugar y emprendieron camino hacia el destacamento policial del barrio Los Silos.
Sin embargo, estos agentes no pudieron escapar del todo: los vecinos habrían seguido al patrullero hasta el edificio y fue entonces cuando comenzó la batalla principal. Entre los enfrentamientos, uno de los disparos impactó en el cuerpo de José Lagos, que falleció en plena calle. Esto causó una furia aún mayor por parte de toda la comunidad aborígen y vecinos de la zona, quienes rápidamente atacaron el destacamento y lo prendieron fuego. Los presos que se encontraban dentro, tuvieron que ser liberados. La Ruta 96 fue interrumpida a los minutos para solicitar justicia por lo sucedido.
Esta versión corresponde a lo investigado por las autoridades gubernamentales y policiales, pero desde la perspectiva vecinal aseguran que fue el joven quien "se defendió con su arma de un insulto", lo que provocó que recibiera "dos tiros en el pecho".
Por la conmoción intervino el equipo fiscal de San Martín liderado por Guillermo Codutti, pero tiempo más tarde y por exigencias de la comunidad, debió ser desplazado. El caso fue asumido entonces por una fiscal especializada en Derechos Humanos de Sáenz Peña.
Ariel Acuña señaló que, al momento del hecho, dentro de la comisaría habían cinco efectivos que cumplían funciones, más los cuatro efectivos que llegaron en el patrullero. Estos, al notar el gran grupo de personas que comenzó a atacar el destacamento con "elementos contundentes y armas de fuego de fabricación casera", solicitaron apoyo urgente al resto de unidades policiales.
Lo que sucedió de aquí en más fue una especie de "batalla campal": los policías y manifestantes se enfrentaban entre sí con claros disparos que incluso fueron documentados por vecinos del lugar.
Como resultado del enfrentamiento que resonó con inmediatez en Casa de Gobierno y las dependencias policiales, los nueve policías -cinco de la comisaría y cuatro que arribaron en el patrullero- fueron detenidos y relevados de sus cargos ante la sospecha de que alguno de ellos podría haber sido el tirador que finalizó la vida de Lagos. Además, Acuña anunció que los directores de zona de General San Martín y sus supervisores, fueron también separados. Se designó un interventor, pero aclaró que se evalúa asimismo la responsabilidad del jefe de la comisaría local.
Durante la conferencia de prensa indicaron que fueron al menos 15 personas -incluído el personal policial- las que terminaron lesionadas producto del enfrentamiento con los manifestantes.
Durante el transcurso de la tarde se hizo presente en el lugar la ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Zalazar; Leandro Álvarez, subsecretario de Planificación de Seguridad y Justicia; Mauro Leiva, intendente de General San Martín e incluso personal de Gendarmería Nacional.
Las autoridades arribaron a la escena no sólo para investigar lo sucedido, sino también con el objetivo de que "todo vuelva a la normalidad" teniendo en cuenta que la policía ya no cumplía funciones. Ante la consulta de los medios respecto a la seguridad, Acuña señaló que se llegó a un acuerdo con los referentes de las comunidades aborígenes para calmar a la población, y que no ocurran nuevos desórdenes.
Por otra parte, el destacamento policial quedó destruido y no volverá a funcionar.
Los restos de la comisaría
Al enterarse de esta noticia, el gobernador Jorge Capitanich, que se encontraba de visita en localidades del interior, levantó el teléfono y se comunicó directamente con el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, para solicitarle la intervención de la Secretaría y garantizar así "total transparencia en el esclarecimiento del hecho". Según señaló el organismo nacional, Capitanich "mostró una gran preocupación y se comprometió a investigar lo sucedido y sancionar a los responsables".
"Lamentamos profundamente lo sucedido, estamos trabajando fuertemente para que se esclarezca, se investigue con celeridad los hechos y que obviamente haya justicia para toda la familia. En este sentido, transmitir mis condolencias y mi profundo pesar al padre de este jóven, a Delfino, y a todos sus familiares que obviamente están consternados por lo sucedido", señaló el intendente de San Martín, Mauro Leiva.
Por su parte, la ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Zalazar, confirmó que interviene actualmente el gabinete científico de la Gendarmería Nacional y también la División Homicidios de Resistencia. En otro aspecto, confirmó que se producirán "cambios en la Dirección General de San Martín justamente para garantizar que el trabajo que se lleve aquí adelante no entorpezca la investigación".
Fuente: diariochaco.com
