Viernes, 01 Mayo 2026
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Así lo confirmó el director del Hospital 4 de Junio, Carlos Navarrete, al señalar que dicha sala tendrá 24 camas con oxígeno.
 
El director del Hospital 4 de Junio, se refirió al trabajo que se sigue realizando en el marco de la pandemia y adelantó que se ampliará la sala de aislamiento para pacientes COVID que requieran oxígeno.
 
“En principio nosotros tenemos la Sala de COVID con 12 camas de terapia intensiva con respiradores y después tenemos una sala de aislamiento que es la Sala 1 con 10 camas y que esas son para cuidados intermedios y son camas con oxígeno”, explicó Carlos Navarrete. Sobre el particular dijo que donde era antes la Sala de Pediatría se está refaccionando para hacer ahí otro lugar y colocar 24 camas con oxígeno. “En principio son 14 y luego se incorporan 10 más, porque las camas que más demanda tiene son las camas con oxígeno”, sostuvo el profesional.
 
Sobre la evolución de la enfermedad dijo Navarrete que “en este tiempo los que más se contagian son las personas de 30 a 50 años y por lo general tienen una neumonía leve o moderada y necesitan oxígeno y luego el que se mejora con el oxígeno pasa al Hotel Gualok y los que están en el Gualok si empeoran pasan al Sala 1 con oxígeno y si aún no se mejora, se pasa a terapia intensiva donde se necesita mayor oxígeno y después pasa al respirador”.
 
 
Cada servicio ha adaptado sus protocolos de admisión. Más allá del COVID en el Hospital se sigue trabajando y para eso “tuvimos que hacer toda una transformación en nuestro trabajo cotidiano y también esta n las patologías que siguen habiendo”, señaló el director del Hospital de Sáenz Peña.
 
COVID Y TRAUMATIZADOS
 
Navarrete mencionó que las personas que más ocupan camas de terapia intensiva son los pacientes con COVID para los cuales se armó un área específica y los traumatizados por accidente de tránsito.  
Carlos Navarrete pidió a la comunidad solidaridad y responsabilidad, “parece que la gente no entiende porque deambulan por la calle, asisten a fiestas y organizan cumpleaños, estas personas son los que más demandan y los que menos se cuidan”, señaló.
 
INSUMOS Y PERSONAL
 
En otro orden de cosas Navarrete menciono que en los últimos días han recibido una serie de equipamientos para el hospital, enviados desde el Ministerio de Salud de la Provincia, “recibimos camas y monitores multi paramétricos, porta suero y carro de paro y se está gestionado la incorporación de más personal para enfermería.

Fuente: diariochaco.com

El insólito hecho ocurrió esta mañana en el barrio 713 Viviendas de la localidad termal, donde un grupo de efectivos de la Policía local sorprendieron a las tres personas mientras intentaban llevarse el vehículo empujándolo. 

Según indicaron, el vehículo se trataría de un Fiat “Duna” de color rojo, el cual fue abandonado por las tres personas cuando advirtieron la presencia policial, logrando escaparse de los efectivos en distintas direcciones. 

Posteriormente, mediante algunas averiguaciones en la zona, identificaron que el automóvil era propiedad de un hombre de 51 años que está domiciliado en el mismo barrio, y, según explicó a la policía, el vehículo estaba allí para ser arreglado.

 

La denuncia por “Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público” ingresada el viernes pasado en la Fiscalía N° 3 a cargo del Dr. Marcelo Soto acusa a la Coordinadora de la Unidad de Protección Integral (UPI) Centro Oeste, Carolina De Domingo, de evitar tomar medidas respecto a una serie de denuncias policiales que recayeron en la Unidad por menores en situación de riesgo. 
 
Las UPI son áreas del Gobierno Provincial conformadas por equipos interdisciplinarios responsables de actuar en caso de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes, lo que se descentralizan en distintas regiones de la provincia. Este conflicto pertenece a la “Centro Oeste”, la cual tiene sede en Presidencia Roque Sáenz Peña y anexo en Taco Pozo. 
 
Por su parte, la denunciante aseguró que “había constancias en su expediente de la peligrosidad a la que están expuestos tales niños y no se tomó medida alguna”, y explicó que su abogada pudo acceder a un informe de la Unidad “en el cual se evidenciaba el riesgo al que estaban expuestos los niños”, sin embargo, asegura que De Domingo le habría negado la posibilidad de fotocopiar esos documentos y que posteriormente la habría echado del lugar. En ese contexto, la denunciante acusa que la funcionaria habría dado órdenes al personal de no atender a su abogada “y destratarla cada vez que vaya a la Unidad”. 
 
Con la denuncia consumada y las solicitudes de la Fiscalía en proceso, se habría viralizado un audio que pertenecería a De Domingo, en el cual el cual solicita colaboración a otra persona para un intento de manipular documentos que deben ser presentados ante la autoridad jurídica: “Vos mirá bien el informe porque lo tengo que remitir a la Fiscalía y controla qué es lo que agregamos. Yo te digo una cosa, la abogada no sacó copias ni fotos, osea puede estar mintiendo. Este expediente viene del 2019, ahí tenes el primer bache, por eso quiero que mires, que leas todo a ver qué podemos hacer, para mí si mandamos así me imputan”, relata en la charla viral. 
 
Frente a esta situación la denunciante remarcó que los audios también ya fueron remitidos a las autoridades competentes, y recordó que la UPI “es un órgano administrativo en el que se basa muchas veces el Juzgado de Familia para actuar en las situaciones de riesgo de los menores de edad", y aseguró en tal sentido que dicho Juzgado muchas veces “se ve imposibilitado de proceder si la UPI no realiza su trabajo bajo las disposiciones legales correspondientes”.
 
Fuente: diariochaco.com

El Fiscal Federal de Sáenz Peña Carlos Amad, en contacto con Diario Chaco, explicó el avance de la investigación de uno de los primeros casos que se dio en la provincia respecto a funcionarios públicos que accedieron al IFE indebidamente. Se trata de autoridades de Villa Río Bermejito.

"Recibimos la documentación que la analizamos, la cruzamos muy concienzudamente con el equipo de trabajo de la Fiscalía de Sáenz Peña y le presentamos un escrito al Juez este martes, donde pedimos que se llame a indagatoria a las personas que habrían cobrado el Ingreso Familiar de Emergencia sin reunir los requisitos", señaló el fiscal.

Al menos unas 150 personas intentaron acceder al beneficio indebidamente y el fiscal pidió que se les impute por el delito de "Fraude en Perjuicio de la Administración Pública, Falsedad Ideológica de Instrumento Público".

Sobre las personas investigadas, dijo que "son funcionarios públicos, empleados públicos, hay de todo, de las localidades y municipios que pertenecen a la Jurisdicción del Juzgado Federal de Sáenz Peña, Villa Río Bermejito, Juan José Castelli, Enrique Urien, Miraflores y Samuhu".

Tras el pedido de indagatoria, será primero evaluado por el Juez Federal de Sáenz Peña. 

"Las pruebas que fueron recabadas en un mes y medio aproximadamente, armar y estudiar el caso para lo cual se realizó todo el recorrido desde el momento del cobro del beneficio, se realizó todo el análisis de la prueba, pero el Juez deberá evaluar si las pruebas presentadas son suficientes para darme la razón", dijo el Fiscal Amad y aseguró: "Si el Juez está de acuerdo y corre la imputación, obviamente que se van a hacer las indagatorias".

Al ser consultado sobre si algunas de estas personas podría ir a prisión, afirmó que "en principio se trata de una prisión en suspenso ya que hay que ver las penas, penas accesorias, hay que ver un montón de cosas, pero prisión no, salvo que haya alguno que sea reincidente o haya alguno que haya sido condenado por algún otro delito y ya haya recibido pena en suspenso. Hay que ver una serie de cosas, no son la mayoría".

También aclaró que él tampoco pidió la detención de estas personas ni las pedirá porque considera que no corresponde.

Por último, el fiscal aseguró que continuará investigando hasta las últimas consecuencias porque "se trata de un delito grave que está cometido desde la función pública y en su propio favor. Es particularmente grave".

 

Fuente: diariochaco.com