Viernes, 20 Noviembre 2026
giweather joomla module

Se ubicó por encima del promedio nacional.

Según el INDEC, la inflación del NEA fue del 3,8%, y se ubicó por encima del promedio nacional, que fue del 2,9%. De esta forma, el nordeste fue la región con mayor inflación .

La segunda región con mayor inflación fue Cuyo, con 3%. Le siguieron las regiones Pampeana y la Patagónica, que registraron 2,9%; y las regiones del Noroeste y del Gran Buenos Aires, con un 2,8%.

El rubro que más aumentó en enero fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, y fue el de mayor incidencia en la canasta que mide la inflación, al ubicarse en el 4,7%. Siguieron los rubros Restaurantes y hoteles (4,1%), Comunicación (3,6%) y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3%). Todos estos rubros crecieron por encima del IPC general. 

Por su parte, los rubros que subieron por debajo de la inflación fueron Bienes y servicios varios (2,7%), Salud (2,3%) y Transporte y Equipamiento y mantenimiento del Hogar (1,8%). La categoría Prendas de vestir y calzados es la única que cayó durante en enero: -0,6%. 

Según el INDEC, a nivel de categorías, los precios estacionales encabezaron el aumento con el 5,7%, seguidos del IPC núcleo (que contiene aquellos bienes y servicios que no dependen de factores estacionales) con el 2,6% y los regulados (productos cuyo valor depende de una decisión oficial), con el 2,4%.

 

 

Fuente: datachaco.com

El proyecto será dictaminado el miércoles en un plenario de comisiones con la intención de que se vote el jueves en el recinto.

El proyecto que crea un régimen penal reforma penal juvenil ingresó a la Cámara de Diputados y ya entró en la curva de definiciones, debido a que está previsto que el jueves próximo sea votado en el recinto de sesiones.

Según pudo corroborar la Agencia Noticias Argentinas, el proyecto es muy similar al que tuvo dictamen en mayo del 2025, con la salvedad que, en esta oportunidad, el Gobierno incluyó en la redacción la asignación de fondos a la Defensoría General y al Ministerio de Justicia para que procuren el financiamiento para la efectiva implementación de la ley.

En el proyecto original se dejaba librado el financiamiento a la discrecionalidad de Jefatura de Gabinete, lo que levantaba la sospecha de que la ley terminara siendo letra muerta.

En la nueva versión, se disponen más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones de pesos para el Ministerio de Justicia.

Por otra parte, el proyecto tal como ingresó reduce la edad de imputabilidad en Argentina de 16 a 14 años, mientras que aquel dictamen situaba la edad mínima punible en los 14 años.

El debate

De todos modos, el consenso actualmente existente alcanza para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, por lo que el dictamen recuperaría ese acuerdo, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes cercanas a Laura Rodríguez Machado, la presidenta de la comisión cabecera de Legislación Penal.

Además de la polémica por la edad de imputabilidad, en el régimen especial de minoridad se entrecruzan múltiples planos dimensiones como los tipos de delitos punibles, las sanciones o castigos alternativos a las penas privativas de la libertad, los lugares donde cumplir la pena, y las medidas complementarias de resocialización.

El proyecto de ley deja de lado la posibilidad de dictar una condena de reclusión perpetua y pretende fijar un máximo de 15 años de prisión para menores.

Para delitos con penas menores a 3 años, o hasta 10 años sin violencia grave, se priorizan medidas con un enfoque social y educativo, además de tener libertad asistida y realizar tareas comunitarias, en lugar de la prisión efectiva.
Cómo sigue

Este miércoles, un plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familia, Niñez y Adolescencias; Justicia; y Presupuesto y Hacienda juntará los avales para dictaminar y dejar lista la iniciativa para el jueves en el recinto.

En la oposición se ponen en guardia y denuncian que el Gobierno quiere avanzar a libro cerrado, de forma exprés. 

En realidad, se trata de una ley que fue ampliamente debatida el año pasado, con siete reuniones que incluyeron audiencias con especialistas de ámbitos diversos como la criminalística, la neurología, la Justicia, y de Defensorías de la niñez. 

De ese debate, surgió un dictamen de 77 firmas muy parecido al que se va a volver a firmar el miércoles, que incluso fue apoyado con disidencias parciales por sectores minoritarios de Unión por la Patria.

El tema había quedado postergado durante meses por otros asuntos que despertaron el interés prioritario del Gobierno, y recién se reactivó en este período de sesiones extraordinarias a partir del estallido de un caso conmocionante de inseguridad que sacudió a la opinión pública como fue el crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe.

Este homicidio del adolescente de 15 años a manos de otros tres menores obligó a la política a volver a poner en agenda el debate por la ley penal juvenil.
La mirada del Gobierno

Desde el Ejecutivo indicaron que esta iniciativa busca terminar con la llamada “puerta giratoria” de la permanente entrada y salida de los menores a la delincuencia y condenar delitos cometidos por jóvenes de 16 años que, actualmente, mantienen impunidad con la ley vigente (22.278).

La iniciativa va muy en línea con el espíritu que emana permanentemente el Gobierno y en particular el presidente Javier Milei de que el que “las hace las paga”, y que frente a un “delito de un adulto, pena de adulto”.

La idea es elevar los costos para quienes delinquen, en este caso a los menores de edad, y que tomen consciencia de a qué consecuencias se exponen si siguen el camino del delito.

También hay una narrativa antigarantista con perspectiva de víctima que combate la idea de que hay que considerar a los autores de delitos como víctimas de un sistema social que los excluyó.

Argentina es uno de los pocos países que no cuenta con un régimen penal de minoridad junto con Cuba, y de ahí el debate sobre la necesidad de generar un marco que por un lado aplique sanciones diferenciales a los menores que delinquen pero al mismo tiempo genere mecanismos de resocialización, de reinserción laboral para que cuando salgan del encierro no vuelvan a caer en el espiral de la delincuencia.
La mirada de la oposición dura

Desde la oposición más dura, refractaria a la reforma, señalan que no hay evidencia empírica real en Latinoamérica ni el mundo que respalde la idea de que aplicando más severamente el Código Penal sobre menores bajen los índices de criminalidad o delincuencia.__IP__

Brasil, por caso, bajó la edad de imputabilidad a los 12 años y la tasa de homicidios en dicho país, lejos de bajar, trepó a 23.1 cada 100 mil habitantes, un número escalofriante.

La oposición sostiene que el problema de la criminalidad juvenil es estructural y obedece a un sistema histórico de exclusión social que deja a la deriva a miles de jóvenes que sienten que no tienen nada que perder y son empujados al delito por desesperación y falta de oportunidades. 


Fuente: NA

Ambos funcionarios dialogaron sobre el paquete de reformas que será tratado próximamente en el Congreso de la Nación, durante el período de sesiones extraordinarias.

El ministro del Interior, Diego Santilli, recibió este lunes en Casa Rosada al gobernador del Chaco, Leandro Zdero, en el marco de la agenda federal que el Gobierno nacional mantiene con los mandatarios provinciales. 

Durante el encuentro, ambos funcionarios dialogaron sobre el paquete de reformas que será tratado próximamente en el Congreso de la Nación, durante el período de sesiones extraordinarias, con especial énfasis en la reforma laboral.

En ese contexto, Santilli y Zdero coincidieron en la importancia de que el Congreso avance en la aprobación de una nueva legislación laboral, al considerar que se trata de una herramienta clave para promover la llegada de inversiones privadas a las provincias. "Esto se traducirá en más empleo y en un incremento de la productividad", señalaron.
Diego Santilli junto a Leandro Zdero.

Asimismo, remarcaron que avanzar en una reforma laboral resulta fundamental para dejar atrás políticas que, según expresaron, han demostrado no dar resultados. "Las recetas del pasado nos llevan a los mismos resultados de siempre", indicaron.

Del encuentro participó también el diputado nacional Guillermo Agüero, quien acompañó la reunión en la que se abordaron temas centrales para el desarrollo económico y productivo del país y de las provincias.


Fuente: datachaco.com

La agenda de esta semana se centra en conformación y designación de autoridades para debatir las dos leyes más importantes que impulsa el Gobierno Nacional.

Este martes comenzará la constitución de las comisiones para tratar, en el periodo de sesiones extraordinarias, las dos leyes que impulsa la gestión del presidente Javier Milei: el Proyecto de Modernización Laboral y la Ley Penal Juvenil (baja de imputabilidad).

Luego de que el tratamiento de la reforma laboral se haya traspasado para este año, finalmente, el debate comenzará en el Senado de la Nación y está programado para iniciarse este 11 de febrero.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, La Libertad Avanza (LLA) se encuentra en un contexto de negociación y busca consensos con los bloques “dialoguistas” como son el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica (CC), aún después de las reuniones que mantuvo el ministro del Interior, Diego Santilli, con los gobernadores, durante estos útlimos meses.

Los ejes principales que presenta esta iniciativa se concentran en buscar una revisión integral del marco laboral actual y pretenden modificar las indemnizaciones; crear un “Fondo de Cese Laboral” mediante convenios colectivos; reducir contribuciones en las cargas patronales para fomentar la contratación formal; introducir la figura de “Colaborador Independiente”, bajo un régimen de autonomía sin relación de dependencia tradicional”.

También se incorpora un “Banco de Horas” como un nuevo sistema de flexibilidad horaria que permite compensar excesos de jornada en días posteriores, en lugar de abonar horas extras.

En contraposición, los sindicatos manifestaron un fuerte rechazo, debido a que consideran que este proyecto “no sólo no genera puestos de trabajo, sino que impulsa la pérdida de derechos adquiridos”. Paralelamente, realizaron convocatorias para llevar adelante movilizaciones frente al Congreso desde este martes.

Por otra parte, el proyecto de Ley Penal Juvenil, que busca bajar la edad de imputabilidad en Argentina de 16 a 13 años, propone un régimen especial con medidas ‘socioeducativas y penas alternativas’ y deja de lado la condena de reclusión perpetua y pretende fijar un máximo de 20 años de condena para menores.

Sin embargo, se presume que los adolescentes de 14 años, o más, que comenten delitos graves, podrían ser sometidos a penas similares a las de personas adultas, con penas máximas de 15 años o más, con la excepción de permanecer en cárceles comunes.__IP__

Para delitos con penas menores a 3 años, o hasta 10 años sin violencia grave, se priorizan medidas con un enfoque social y educativo, con la posibilidad de otorgarle libertad asistida y realizar tareas comunitarias, en lugar de prisión efectiva.

Según LLA, esta iniciativa pretende terminar con la “puerta giratoria” y condenar delitos cometidos por menores de 16 años que, actualmente, mantienen impunidad con la ley vigente (22.278).


Fuente: NA