En el corto plazo, el Ejecutivo enfrenta dos desafíos centrales: lograr la aprobación del Presupuesto 2026 y asegurar los recursos necesarios para afrontar los vencimientos de deuda previstos para enero de ese año.
Desde este lunes, el Gobierno tendrá que poner en marcha de manera urgente una agenda de reformas económicas con vistas a concluir la segunda parte de su mandato. Sin una mayoría propia en el Congreso, estará forzado a tender puentes, negociar y construir consensos con otras fuerzas políticas para avanzar con su programa.
El nuevo equilibrio de fuerzas que surgirá en el Congreso tras las elecciones distará de ser el ideal para el oficialismo, que se conformará con preservar capacidad de veto frente a eventuales iniciativas opositoras que amenacen el superávit fiscal. En otras palabras, asumirá una posición esencialmente defensiva.
El dilema es el mismo que han enfrentado todos los gobiernos desde el retorno de la democracia en 1983, sin haber logrado consolidar un modelo económico estable: una alternativa consiste en devaluar para acumular reservas y luego impulsar el crecimiento antes de avanzar con las reformas. La otra, en cambio, apunta a atrasar el tipo de cambio, reducir la inflación y recién entonces “encarar las reformas”.
En ambos enfoques, los economistas coinciden en un punto: las reformas estructurales son indispensables, pero sus efectos demandan tiempo y suelen quedar truncos ante la irrupción de alguna crisis económica que, inevitablemente, termina desbordando hacia la política.
Frentre a este panorama, algunos de los puntos de la agenda que quedan son:
Presupuesto 2026
Lo primero y más urgente es aprobar en el Congreso el Presupuesto 2026. El mismo fue elaborado con una pauta de crecimiento del 5% y una inflación del 10%.
El superávit fiscal previsto sería del 1,5% del PBI. Todo ello con los mismos impuestos y gastos fijados en el presupuesto vigente actual, que es una prórroga del de 2023. Sería una importante señal al mercado que se apruebe, ya que van dos años seguidos sin acuerdo en esa materia.
Programa financiero
El otro punto de mayor urgencia del Gobierno pasadas ñas elecciones es ordenar el frente financiero. Tendrá que elaborar un programa que asegure al mercado que van a estar los dólares para pagar el vencimiento de u$s4.300 millones de enero. Se supone que el acuerdo por el swap con el Tesoro de EEUU y que un préstamo de cuatro bancos internacionales proveerán la cobertura para ese compromiso.
En diciembre de este año, a su vez, el Ejecutivo enfrenta un vencimiento de deuda en pesos equivalente a $27 billones, cifra muy importante que probablemente se resuelva con un llamado a canje voluntario.
Aunque en la mente del equipo económico está la idea de volver a los mercados voluntarios de deuda, con una baja del riesgo país que haga posible ese objetivo, para los brókers no está claro si ello va a ocurrir.
Economía anunció una operación denominada “deuda por educación”, para recomprar bonos en dólares con garantía de organismos internacionales. Evidentemente los nuevos títulos van a tener un riesgo país inferior por la garantía, lo que no implica que eso necesariamente se traslade al resto.
La reforma tributaria
En su último acuerdo con el FMI, el Gobierno se comprometió a enviar al Congreso una reforma tributaria en 2026, con la intención de implementarla a partir de 2027. Se trata de una tarea compleja, que no podrá concretarse sin el respaldo político de los gobernadores.
Desde el oficialismo, el diagnóstico es claro: el sistema impositivo argentino está sobredimensionado y requiere una profunda simplificación. El objetivo sería reducir la cantidad de tributos a una decena y eliminar el resto. Sin embargo, dos de los impuestos de mayor recaudación -el IVA y Ganancias- se coparticipan con las provincias, lo que vuelve indispensable una negociación federal.
Al mismo tiempo, la Nación plantea que, para mejorar la competitividad de las empresas exportadoras o expuestas a la competencia externa, es necesario eliminar el Impuesto a los Ingresos Brutos. Este tributo, considerado altamente distorsivo por gravar la facturación en cada etapa de la cadena productiva, constituye a la vez la principal fuente de recursos de las provincias, lo que vuelve su eliminación políticamente sensible.
En el plano nacional, el primer impuesto bajo revisión es el que grava los movimientos en cuentas bancarias, conocido como Impuesto al Cheque. No obstante, dadas las metas de superávit primario, cualquier reducción impositiva que se encare en el corto plazo será necesariamente gradual y acotada.
La evasión fiscal
Algunos empresarios han empezado a advertir que el problema fiscal podría tener un principio de solución si se combatiera la evasión.
Nicolás Brown, director general del Supermercado La Anónima, planteó en el 61 Coloquio de IDEA que “el Gobierno tiene que ponerse los pantalones largos” en materia de combate a la economía "en negro". Previamente, en el mismo evento, Matías Surt, de la consultora Invecq, había estimado que la evasión en el país es del 4% del PBI, lo que lo constituye en un problema macroeconómico importante.
No obstante, el Gobierno decidió abordar el tema desde un ángulo inverso: sostiene el principio de que nadie es evasor hasta que la ARCA lo demuestre, con el objetivo de facilitar un esquema de blanqueo permanente de capitales. De hecho, el propio Javier Milei, antes de asumir la Presidencia, solía afirmar que “los impuestos son un robo” y llegó a calificar como “héroes” a quienes habían evadido.
La reforma del Estado
Lo que ha hecho hasta ahora el Gobierno es reducir al máximo tolerable los gastos del Estado, pero dentro de la misma estructura. Eso quiere decir que el superávit fiscal conseguido durante la gestión no es estructural, sino que depende de la decisión política de quien está en la Casa Rosada.
Para que el recorte del gasto sea permanente y pudiera sobrevivir a un cambio de gobierno, habría que encarar una reforma en la estructura del Estado. Hasta ahora el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, solo ha desplegado una intensa a agenda de eliminación de viejas medidas regulatorias y se ha ocupado en despedir personal del Estado. La agenda del Gobierno en este punto pasa solo por eliminar organismos que considera obsoletos, y la privatización de empresas.
Reforma laboral
Del mismo modo que una reforma tributaria o del Estado puede tardar en impactar sobre la productividad, los cambios en la organización del trabajo también requieren tiempo para mostrar resultados. El Gobierno mantiene en agenda una reforma laboral cuyo contenido se dio a conocer inicialmente a través del DNU 70 de diciembre de 2023, posteriormente anulado por la Justicia. Esa misma iniciativa fue incorporada más tarde al proyecto de Ley Pyme enviado al Congreso en noviembre de 2024, cuyo tratamiento aún no comenzó.
Si bien la propuesta contempla aspectos vinculados a la reorganización de las jornadas laborales y los períodos vacacionales, el eje central para el sector empresario pasa por la reducción de las contribuciones patronales, que hoy encarecen significativamente el costo de contratación respecto de otros países de la región.
Infraestructura
Uno de los pilares de la competitividad de cualquier economía es la infraestructura. Sin embargo, el Gobierno lleva dos años sin realizar inversiones significativas, lo que se traduce en un marcado deterioro y una pérdida de capital físico. Ya sea a través de obra pública financiada por el Estado, de créditos de organismos internacionales o de iniciativas privadas, resulta urgente reactivar un plan integral de infraestructura. En particular, el sector agropecuario reclama mejoras en caminos rurales, mientras que los empresarios advierten por los elevados costos logísticos y portuarios que restan competitividad.
En paralelo, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) debería comenzar a materializar las promesas de las compañías que presentaron proyectos bajo su paraguas, para que la inversión productiva deje de ser una expectativa y se convierta en una realidad.
Fuente: ambito.com
