Hoy asistirán el secretario de Energía, Eduardo Chirillo, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona para responder preguntas de los legisladores. El Gobierno se mantiene intransigente en su postura de no negociar la letra de la ley.

El proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida por la Libertad de los Argentinos comenzará a ser debatida este martes en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados con la presencia de ministros y funcionarios de la primera plana del Gobierno, que defenderán la iniciativa que aplica severas reformas de desregulación económica y reforma del Estado..

En el marco del período de sesiones extraordinarias, el presidente de la comisión de Legislación General (cabecera del debate), Gabriel Bornoroni, convocó a una reunión conjunta con Presupuesto y Hacienda (que preside José Luis Espert) y Asuntos Constitucionales (que encabeza Nicolás Mayoraz) para este martes a las 14 en la Sala 2 del edificio anexo C.

Será la primera de dos jornadas muy extensas previstas para esta semana: la segunda está convocada para este miércoles de 9 a 20.

Para este martes, está confirmada la exposición del secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, mientras que el jueves asistirá la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que asistirá junto a su equipo de secretarios de Estado. Cada funcionario disertará y responderá por tres horas cada uno.

Otros funcionarios de alto rango que concurrirían entre este martes y el miércoles son Guillermo Francos (Interior), Patricia Bullrich (Seguridad), Guillermo Ferraro (Infraestructura), y Florencia Misrahi (AFIP).

Hasta las 20 de este lunes hay tiempo para que los legisladores de las distintas fuerzas les hagan llegar a los distintos funcionarios sus preguntas sobre los diversos temas que contiene el voluminoso proyecto de ley ómnibus, de 664 artículos y 183 páginas, más los anexos.

“Se viene un clima de discusión. Va a haber gente a la cual preguntarle, cosa que hasta ahora no hubo”, señalaron altas fuentes de presidencia de Diputados en diálogo con la prensa parlamentaria.

Por el momento, el Gobierno se mantiene intransigente en su postura de no negociar la letra de la ley, ni dividir su contenido como le propone la oposición dialoguista, integrada por el PRO, la UCR y Hacemos Cambio Federal. En esta pecera están los votos que el oficialismo necesita para aprobar la ley ómnibus.

A priori, La Libertad Avanza busca aprobar todo el paquete de 664 artículos a libro cerrado, aunque el presidente Javier Milei abrió una pequeña hendija al diálogo al deslizar que aceptaría “sugerencias” para mejorar la normativa.

“Por ahora desde los dos lados muestran mucha dureza para no ceder terreno pero después va a haber una negociación. Siempre funciona así”, admitieron las fuentes consultadas de presidencia de Diputados.

El sector de la oposición moderada que antes formaba parte del extinto Juntos por el Cambio se muestra abierto a colaborar con el oficialismo pero bajo la condición de que se acepte dejar de lado temas polémicos con los que no hay ninguna posibilidad de acuerdo. “No vamos a dar un cheque en blanco”, es el latiguillo que repite este abanico “opositor”.

"Ahora todos se rasgan las vestiduras, pero durante años se votaron cosas sin modificar ni una coma", se quejaron desde La Libertad Avanza por los “peros” que ponen las fuerzas políticas que tienen la llave para destrabar la aprobación de la iniciativa.

En el proyecto de "Bases y Puntos de Partida" hay cuestiones tributarias, de reforma electoral y penal que el Gobierno no podía constitucionalmente legislar por decreto, pero también coló allí todo tipo de cuestiones de la más diversa índole, lo cual fundamenta los planteos de la oposición sobre la irregularidad del procedimiento.

En su artículo primero, el proyecto señala que tiene por objeto “promover la iniciativa privada, así como el desarrollo de la industria y del comercio, mediante un régimen jurídico que asegure los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la Nación y limite toda intervención estatal que no sea la necesaria para velar por los derechos constitucionales”.

“La presente ley contiene delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo nacional de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social, con especificación de las bases que habilitan cada materia comprendida y con vigencia” durante el plazo de dos años, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2025, pero el mismo puede ser prorrogado por dos años, es decir por todo el mandato de Milei.

Este es uno de los puntos más polémicos y es resistido no solamente por Unión por la Patria y el Frente de Izquierda sino además por la UCR, el PRO y Hacemos Coalición Federal. Las dos últimas fuerzas estarían dispuestas a acompañar una delegación de facultades por un año con posibilidad de otra prórroga de un año.

“Esto es lo que se hizo siempre, y los resultados son los que vemos. Si no se prueba algo diferente, los resultados van a seguir siendo los mismos”, advirtieron desde La Libertad Avanza.

El incremento del nivel de retenciones, la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria, la implementación de un modelo electoral de uninominalidad de circunscripción, y los cambios a la Ley Federal de Pesca son otros temas que generan un nítido rechazo de todo el arco opositor.

El plan de privatizaciones masivas es apoyado por el PRO, en tanto que la UCR solamente aceptaría acompañar algunas privatizaciones puntuales, pero no todo el paquete de 41 empresas estatales. Lo mismo sucede con la eliminación de las PASO: apoyo del PRO, incomodidad en la UCR.

La iniciativa también contempla un blanqueo de capitales y la creación de un "Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales”, así como cambios en las Leyes de Hidrocarburos e Hidrocarburos, y la fusión de los entes reguladores del Gas Natural y la Energía,

En lo que refiere a las modificaciones al Código Penal, se agravan las penas por cortes y piquetes, se endurecen sanciones contra los organizadores de las movilizaciones, exige notificación para reuniones en el espacio público de tres o más personas, y hay cambios en la legítima defensa.

Además, se prevén modificaciones en las leyes de la Oficina Anticorrupción, la Ley de Ética Pública, la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y la Ley General de Sociedades.

Otro aspecto singular son los cambios en materia de educación, al permitir el arancelamiento de los estudios de educación superior para estudiantes extranjeros no residentes en el país, y el establecimiento de un examen integrador de matemáticas y lecto-comprensión al finalizar la secundaria.

Se faculta asimismo una serie de modificaciones a las leyes de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema, Bosques Nativos y Glaciares.

También hay modificaciones a la normativa sobre financiamiento del INCAA y el Instituto Nacional de la Música; la Ley de Empleo Público; la Ley de Salud Mental y la Ley de Tránsito.

Fuente: NA