El Gobierno convocó a encuentros clave en Casa Rosada para coordinar negociaciones en el Congreso y fijar prioridades de gestión antes de la apertura de sesiones ordinarias del 1° de marzo.

El gobierno de Javier Milei convocó para este lunes a la mesa política y para el martes a una reunión de Gabinete ampliado con el objetivo de alinear la estrategia parlamentaria en el tramo final de las sesiones extraordinarias e impulsar los proyectos que considera prioritarios .

La mesa política, encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, contará con la participación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ministros y legisladores oficialistas. El encuentro, previsto en Casa Rosada, buscará ajustar los lineamientos legislativos antes del 1° de marzo, cuando el Presidente brinde su discurso ante la Asamblea Legislativa para inaugurar el período de sesiones ordinarias.

Entre los temas centrales figura el tratamiento en el Senado de la reforma laboral , que ya obtuvo media sanción en Diputados y regresó a la Cámara alta tras modificaciones. También forman parte de la agenda la Ley de Glaciares, la Ley Penal Juvenil y el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea . En paralelo, el Ejecutivo analiza avanzar con cambios en la Ley de Financiamiento Universitario , con la intención de debatirlos en los primeros días de marzo.

Un día después, el Gobierno encabezará la primera reunión de Gabinete del año, donde se definirán metas de gestión para 2026 y las prioridades legislativas para el período ordinario. Según trascendió, el objetivo es llegar al inicio de las sesiones con una agenda avanzada y consensos básicos con bloques aliados no kirchneristas, que permitan facilitar el debate de reformas estructurales.

La intensificación de reuniones se da en un contexto de negociaciones permanentes con la oposición y tras la reciente aprobación en Diputados de la reforma laboral, una de las iniciativas centrales del oficialismo.


Fuente: datachaco.com

Se votará el jueves que viene en una sesión junto al acuerdo Mercosur-Unión Europea. La baja de la edad de imputabilidad a los 14 años, el aspecto más marketinero de la reforma.

Luego del abultado resultado que consiguió el oficialismo para la sanción en la Cámara de Diputados del proyecto que crea un régimen penal juvenil, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, diseñó una sesión para el próximo jueves que incluye la votación del dictamen firmado en un plenario de comisiones, como también la ratificación del convenio comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

El elemento más marketinero de la norma es la baja de la edad de imputabilidad de los actuales 16 a los 14 años de edad, aunque más allá de ese aspecto en el régimen se entrecruzan una cantidad de dimensiones que conjugan una mirada punitivista al aplicar castigos a los menores que infringen la ley, con un enfoque de resocialización.

La Ley Penal Juvenil, que reforma una ley de la dictadura, propone un abanico de sanciones alternativas a las penas privativas de la libertad, establece que los menores no deben mezclarse con los adultos en los lugares de reclusión, e incluye medidas complementarias para la reinserción social y ciudadana.

El proyecto de ley deja de lado la posibilidad de dictar una condena de reclusión perpetua y fija un máximo de 15 años de prisión para menores.
El esquema

Para delitos con penas menores a 3 años se descartan penas de prisión, en tanto que para las penas de entre 3 y 10 años vinculadas a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves, se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo.

Por otra parte, el dictamen incorpora un cambio que fue exigido por los dialoguistas al Gobierno, que es el financiamiento para poder aplicar efectivamente el régimen penal juvenil: se asignarán más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones de pesos para el Ministerio de Justicia.
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En el proyecto original se dejaba librado el financiamiento a la discrecionalidad de Jefatura de Gabinete, lo que levantaba la sospecha de que la ley terminara siendo letra muerta.

Argentina es el único país del continente junto a Cuba que aún no cuenta con un régimen penal de minoridad, y de ahí el debate sobre la necesidad de generar un marco que por un lado aplique sanciones diferenciales a los menores que delinquen pero al mismo tiempo genere mecanismos de resocialización para que cuando salgan del encierro no vuelvan a caer en el espiral de la delincuencia.

Las posturas del Gobierno y de la oposición

La iniciativa va en línea con el espíritu con la frase pronunciada por Bullrich de que  frente a un “delito de un adulto, pena de adulto”, y también la consigna del presidente Javier Milei de que el que “las hace las paga”.

La idea es elevar los costos para quienes delinquen, en este caso a los menores de edad, y que tomen consciencia de a qué consecuencias se exponen si siguen el camino del delito.

Según el Gobierno y quiénes apoyan la ley, un menor de 14 años es consciente y comprende la naturaleza de la acción delictiva que está cometiendo y sus efectos, tiene capacidad de discernimiento, por lo que debería ser punible como un adulto.

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También hay una narrativa antigarantista con perspectiva de víctima que combate la idea de que hay que considerar a los autores de delitos como víctimas de un sistema social que los excluyó.

Desde la oposición más dura, refractaria a la reforma, señalan que no hay evidencia empírica real en Latinoamérica ni el mundo que respalde la idea de que aplicando más severamente el Código Penal sobre menores bajen los índices de criminalidad o delincuencia.

Brasil, por caso, bajó la edad de imputabilidad a los 12 años y la tasa de homicidios en dicho país, lejos de bajar, trepó a 23.1 cada 100 mil habitantes, un número escalofriante desde todo punto de vista.

Por otro lado, Argentina, que tiene la imputabilidad desde los 16 años, registra una tasa de homicidios de 4.2 cada 100 mil habitantes, siendo la más baja de todo Latinoamérica.

La oposición sostiene que el problema de la criminalidad juvenil es estructural y obedece a una matriz histórica de exclusión social que deja a la deriva a miles de jóvenes que sienten que no tienen nada que perder y son empujados al delito por desesperación y falta de oportunidades. 


Fuente: NA

El trágico hecho ocurrió este sábado por la tarde, cuando unos vecinos llamaron a la Policía para dar aviso. Los bomberos rescataron el cuerpo del menor.

Este sábado por la tarde, agentes de la comisaría local tomaron conocimiento, a través de un llamado anónimo al 101 que, en la represa ubicada dentro del predio de agua potable de Corzuela, sobre avenida Beruti, entre Kronenberger y San Martín, un menor habría desaparecido bajo el agua. 

De inmediato acudió personal policial al lugar y se solicitó la intervención de Bomberos Voluntarios, quienes iniciaron las tareas de búsqueda.

Tras varios minutos, el menor fue hallado e identificado. El cuerpo fue trasladado para la autopsia correspondiente.