Viernes, 20 Noviembre 2026
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La entidad compró USD 83 millones este martes, y el dólar bajó a $1.480 en el Banco Nación.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central mostraron un incremento de de USD 787 millones (el 1,8%), y subieeron a USD 44.187 millones, el nivel más alto desde el 6 de enero de 2023, tres años atrás.

Además, es también el monto más alto desde que Javier Milei llegó al gobierno. En concreto, los activos brutos del BCRA se incrementaron en USD 22.987 millones (108,3%), desde los USD 21.209 millones del 7 de diciembre de 2023, último día hábil del gobierno de Alberto Fernández.

El Banco Central adquirió este martes USD 83 millones, para sumar un saldo neto de USD USD 104 millones en las últimas dos ruedas, tras nueve meses sin compras en el spot.

Además, se sumaron otros USD 102 millones que aportó la suba de cotizaciones (el oro ganó 1,2%).

Por otro lado, el dólar mayorista cedió este martes 2,50 pesos (0,2%), a 1.467,50 pesos.

En tanto, el dólar minorista bajó cinco pesos (0,3%), a $1.490 para la venta, según la referencia del Banco Nación, mientras que en las entidades financieras, el billete minorista promedió $1.437,29 para la compra y a $1.488,32 para la venta.

También hubo leves bajas en los dólares financieros. El "contado con liquidación" terminó a $1.539,55 (-0,3%) y el dólar MEP quedó a $1.498,58 (-0,1%).

Por su parte, el dólar blue, tras un arranque bajista, cuando tocó los $1.510, rebotó por la tarde y finalizó con ganancia de cinco pesos o 0,3%, a $1.520 para a venta.



Fuente: datachaco.com

El gobierno de Suiza ordenó el bloqueo «con efecto inmediato» de los posibles activos en su territorio pertenecientes al depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, en una decisión adoptada por el Consejo Federal con el objetivo explícito de «impedir cualquier fuga de capitales». La resolución se inscribe en el marco de las competencias legales del Estado suizo para actuar preventivamente ante la eventual existencia de bienes de origen ilícito depositados en su sistema financiero.

La medida no se limita exclusivamente a Nicolás Maduro, sino que alcanza también a «otras personas vinculadas a él», según precisó el Consejo Federal en un comunicado oficial. No obstante, el gobierno suizo aclaró de manera expresa que «ningún miembro del gobierno venezolano en funciones está implicado» en esta disposición, delimitando así el alcance personal del bloqueo patrimonial.

El Ejecutivo suizo subrayó que la orden tiene carácter preventivo y administrativo, y no constituye una sentencia judicial ni una determinación definitiva sobre la legalidad del origen de los fondos. En este sentido, explicó que el objetivo central es garantizar que eventuales activos adquiridos de forma ilícita no puedan ser transferidos fuera del país en el contexto actual.

La resolución establece que el bloqueo de los bienes patrimoniales entra en vigor «con efecto inmediato» y tendrá validez «hasta nuevo aviso» por un período de cuatro años. Este plazo permite a las autoridades competentes evaluar la situación, facilitar eventuales procesos judiciales internacionales y evitar movimientos financieros que dificulten futuras investigaciones.

En su fundamentación, el Consejo Federal indicó que con esta decisión busca «asegurarse de que los posibles valores patrimoniales adquiridos de forma ilícita no puedan salir de Suiza en la situación actual».

MARCO LEGAL Y RELACIÓN CON SANCIONES VIGENTES
El bloqueo dispuesto por Suiza se suma a las sanciones ya vigentes contra Venezuela, aplicables desde 2018, que incluyen distintas medidas restrictivas, entre ellas el congelamiento de activos. Según el gobierno, esta nueva resolución no reemplaza las sanciones existentes, sino que las complementa dentro de un marco legal más amplio de prevención financiera.

Las autoridades suizas precisaron que «los nuevos bloqueos apuntan a personas que no han sido sancionadas en Suiza hasta ahora», lo que indica una ampliación del espectro de individuos alcanzados por este tipo de medidas.

En determinadas circunstancias, la legislación suiza permite adoptar medidas para impedir la retirada de activos de origen ilícito depositados en el país. Estas disposiciones están orientadas a proteger la integridad del sistema financiero y a evitar que Suiza sea utilizada como refugio de capitales de procedencia ilegal.
Con el bloqueo de los activos, Suiza habilita además a que las autoridades judiciales de los Estados afectados puedan solicitar asistencia judicial en el marco de sus investigaciones penales.

Sin embargo, el gobierno suizo remarcó que son las autoridades judiciales del Estado en cuestión las que deben iniciar los trámites penales necesarios y aportar las pruebas que demuestren el origen ilícito de los fondos. Suiza, en este esquema, actúa como garante de la preservación de los bienes mientras se desarrollan los procesos correspondientes.

Maduro niega los cargos

El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se declaró no culpable este lunes ante un tribunal federal de Nueva York, en su primera comparecencia judicial tras ser capturado en Caracas durante una operación militar de Estados Unidos. Ante el juez Alvin Hellerstein, del Distrito Sur de Nueva York, Maduro, de 63 años, sostuvo que continúa siendo el presidente venezolano y afirmó desconocer previamente los cargos en su contra y sus derechos procesales. En la audiencia, declaró en español que se considera inocente y negó las acusaciones vinculadas al tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, causa en la que también está imputada su esposa, Cilia Flores, quien se declaró igualmente no culpable.

Durante la audiencia, el abogado defensor Barry Pollack informó que, por el momento, no solicitará la libertad bajo fianza para su defendido, aunque dejó abierta esa posibilidad para una etapa posterior del proceso. La nueva acta de inculpación incluye además a Nicolás Maduro Guerra, hijo del exmandatario, al ministro venezolano del Interior, Diosdado Cabello, y a un presunto narcotraficante prófugo. La instancia judicial coincidió con la instalación del nuevo Parlamento en Caracas, que expresó su respaldo a Maduro, y con una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York dedicada a la situación en Venezuela.

Validación de acciones

La decisión del Consejo Federal se produce en un contexto internacional marcado por la reciente captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, ambos acusados de «narcoterrorismo» en Nueva York. Según se informó, Estados Unidos concretó la detención tras meses de ataques a embarcaciones acusadas de narcotráfico, en una acción presentada por Washington como una «operación policial».

La intervención estadounidense generó cuestionamientos por parte de numerosos países, que pusieron en duda su legalidad y el alcance jurisdiccional de la operación. Este escenario de controversia internacional aporta un marco de alta sensibilidad política y jurídica a las decisiones adoptadas por terceros Estados, como Suiza.

En su comunicado, el gobierno suizo aclaró que el bloqueo de activos no está condicionado a la validación de las acciones judiciales emprendidas por otros países, sino que responde a su propia normativa interna y a los principios de prevención del delito financiero.

El Consejo Federal fue explícito al señalar que, «en el caso de que procedimientos judiciales posteriores revelen que estos fondos son de origen ilegal, Suiza se asegurará de que sean restituidos en beneficio de la población venezolana», remarcando que el principio de restitución es la finalidad última de la medida.

De este modo, la resolución no solo busca impedir la fuga de capitales, sino también preservar la posibilidad de que, si se comprueba su origen ilícito, los activos puedan ser devueltos conforme a los mecanismos legales internacionales, con un destino orientado a la población del país afectado.


Fuente: diariolavozdelchaco.com

Se trata del artículo del Presupuesto 2026 que derogó el fondo nacional que sostenía a las Escuelas Técnicas. En una iniciativa de estudiantes, familiares y docentes sostienen que la norma es inconstitucional.

Un grupo de estudiantes, familiares y docentes de Escuelas Técnicas presentó una acción de amparo en la Justicia para intentar frenar la aplicación del artículo del Presupuesto 2026 que desfinancia la educación técnico profesional.

Se trata del artículo que derogó, entre otros puntos, el fondo nacional que sostenía a las escuelas técnicas, y las familias buscan que el financiamiento sea restablecido al advertir que la modificación prevista por el nuevo presupuesto de Javier Milei es inconstitucional.

Fueron tres las modificaciones concretas contra el financiamiento educativo que estableció el Artículo N°30 del presupuesto ya aprobado por ambas Cámaras: eliminó la meta de financiamiento del 6 por ciento del PBI fijada por la Ley de Educación Nacional (LEN), derogó los artículos de la Ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que fijaban los parámetros de financiamiento para el área, y borró de un plumazo el Artículo N°52 de la Ley de Educación Técnico Profesional (ETP), artículo que establecía que el fondo para esa modalidad educativa debía garantizar un mínimo del 0,2 por ciento del presupuesto destinado al Sector Público Nacional para complementar los recursos que la Secretaría de Educación ya asigna a otros programas de inversión en escuelas.

Un golpe directo al sostenimiento de la formación técnica, ubicado en un contexto generalizado de desfinanciamiento a la modalidad: “El recorte alcanza al 93 por ciento en el presupuesto 2026 respecto a valores equivalentes de 2023. Se disponen sólo 11 mil millones de pesos y no 322 mil millones, como establece el 0,2 por ciento que propone la ley de ETP”, advierten el colectivo que presentó el amparo y agrega que “está claro que a Javier Milei y su Gabinete no les interesa tener un país con producción nacional y por esto mismo tampoco tienen interés en tener un país con Técnicos profesionales”.

La acción fue presentada formalmente por dos estudiantes de escuelas técnicas acompañados por sus padres y en representación de un colectivo mayor que, según indicaron a Página/12 integrantes del grupo, está compuesto por familiares, estudiantes y docentes de distintas escuelas.

Los amparistas advierten que son cinco los puntos que conforman la inconstitucionalidad del artículo. En primer lugar, subrayan que “una ley anual de presupuesto no puede derogar leyes permanentes que reconocen y garantizan derechos fundamentales”, como lo es la ley de ETP: “Usar una ley de presupuesto para derogar normas sustantivas constituye un desvío del Poder Legislativo y una violación al principio republicano”, añaden.

En segundo lugar, sostienen que el artículo viola el derecho constitucional a la educación, que “para ser real exige financiamiento suficiente, continuo y previsible”. “Eliminar los pisos legales de inversión implica vaciar el derecho de contenido, transformándolo en una promesa formal sin sustento material”, afirman y remarcan que, en un tercer punto, el nuevo presupuesto “viola el principio de progresividad y la prohibición de regresividad”, ya que “deroga normas que garantizaban mínimos de inversión, eliminando protecciones ya consolidadas”.

Es “discriminatorio”, alertan en cuarto lugar, al señalar que “el impacto del Artículo N°30 no es igual para todos, quienes tienen recursos podrán pagar educación privada y, quienes no, quedarán afuera”. El quinto punto explica, por último, que la decisión “compromete derechos en desarrollo y torna ilusoria la tutela judicial” porque “la educación no es un derecho estático, sino un derecho en desarrollo y las trayectorias educativas no se pueden ‘pausar’ y retomar sin daño”.

El amparo quedó radicado en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario N°11 de la Ciudad de Buenos Aires y reclama la restitución de todo lo derogado por el Artículo N°30, no sólo en lo que atañe a la educación técnica sino a toda la educación en general. El juzgado deberá decidir, primero, si levanta la feria judicial para tratar el tema y luego fallar sobre la cautelar solicitada.

Fuente: Página 12

Desde la empresa se refirieron a los comentarios difundidos en redes sociales por el aumento de casos de gastroenteritis.

La empresa Sameep salió desmentir las versiones y comentarios difundidos en redes sociales sobre el aumento de casos de gastroenteritis, especialmente en las ciudades de Roque Sáenz Peña y Villa Ángela, y afirmó que el agua de red no está contaminada.

El presidente de la compañía, Nicolás Diez, se refirió a la situación, y llevó tranquilidad a la comunidad. "Una de las mayores preocupaciones de los usuarios estaba vinculada a una posible contaminación de la red de agua potable. Sin embargo, autoridades del Ministerio de Salud de la Nación, a través de estudios realizados por el Instituto Malbrán, descartaron de manera categórica esta hipótesis", afirmó.

En esa línea, sostuvo que "los muestreos efectuados en distintos puntos arrojaron resultados negativos para bacterias patógenas, confirmando que el suministro cumple con todos los estándares de salubridad".

Por otra parte, desde el Gobierno provincial indicaron que los estudios epidemiológicos realizados por el Ministerio de Salud, en los cuadros registrados de gastroenteritis, identificaron la presencia de virus entéricos (adenovirus entéricos, rotavirus, norovirus y astrovirus) como agentes causales, y afirmaron que "estos virus se transmiten predominantemente de persona a persona, a través de superficies contaminadas, alimentos manipulados sin la higiene adecuada o en ambientes cerrados con alta circulación viral".

En ese sentido, aseguraron que "estos hallazgos no vinculan el brote a una fuente hídrica".

De manera oficial, indicaron que "Sameep realizó durante el mes de diciembre de 2025,  controles en la cisterna principal y en distintos puntos de la red de distribución de Villa Ángela", y puntualizaron que "los análisis efectuados indican que el agua proveniente del Acueducto y almacenada en la cisterna cumple con los parámetros bacteriológicos establecidos por el Código Alimentario Argentino, confirmando que el servicio se entrega en condiciones adecuadas desde la infraestructura operada por la empresa".
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En esa línea, detacaron que "tampoco se registraron reclamos formales por olor, sabor, turbiedad o falta de desinfección", y agregaron que "no se han reportado situaciones similares en otras localidades abastecidas por el mismo tramo del acueducto, que provee agua potable a Presidencia Roque Sáenz Peña, La Tigra, La Clotilde, San Bernardo, Villa Ángela, Coronel Du Graty y Santa Sylvina".


Fuente: datachaco.com