En una conferencia de prensa encabezada por el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, el gobierno oficializó el aumento para privados que está fijado en 3000 pesos para el mes de enero y 1000 para febrero.
Aseguró que esta medida logrará que 1.300.000 personas recuperen la totalidad del poder adquisitivo perdido en el 2019, y que en las categorías más bajas se traduce en un incremento real de entre 7 y 20 por ciento.
Destacó que “no es un bono, es un incremento salarial que se mantiene, si no se negocia en paritarias un monto mayor, esto se mantiene”, y que su objetivo es “impulsar la recuperación de los salarios de los sectores más vulnerados a causa de la inflación o de la depresión de los diferentes sectores”.
Es por esto que, según lo que destacó Moroni, apunta a los sectores más bajos de la escala salarial y que “está en juego absorberlo en futuras paritarias del 2020, pero es una suma fija para todas las escalas y para todas las categorías que no tiene incidencia en los adicionales previstos”.
Remarcó, entonces que el Gobierno buscó “darles un piso de negociación para que las negociaciones colectivas pueden trabajar de un modo más pacífico, de modo tal que no haya situaciones de urgencia que resolver”. “No estamos queriendo reemplazar las negociaciones colectivas sino marcar un piso”, destacó.
El ministro de Trabajo se preocupó en aclarar que el aumento salarial dispuesto por decreto no tendrá incidencia en los convenios colectivos de trabajo y que cada sector definirá cómo se suma este incremento en las paritarias que se discutirán en los próximos meses. “no se trata de suplir un acuerdo colectivo de trabajo sino de fijar un piso”, explicó Moroni.
También confirmó que si bien el sector público queda afuera de este decreto, el Gobierno tomará la semana próxima una medida de alcance similar. También se discutirá puntualmente con sectores como empleados rurales y empleados y empleadas domésticos, afirmó. En este sentido, Moroni dijo que para los empleados estatales se dará una suma similar a la de los privados pero eso se definirá en otro decreto desde la semana que viene.
El artículo 2do aclara que el incremento “deberá ser absorbido por las futuras negociaciones paritarias. No deberá ser tenido en cuenta para el cálculo de ningún adicional salarial previsto en el convenio colectivo o en el contrato individual de trabajo, en tanto no sea pactado específicamente para este incremento un criterio distinto mediante negociación colectiva”.
Luego advierte que "para facilitar el control por parte de los trabajadores y trabajadoras, deberá consignarse en el recibo de haberes, como un rubro independiente denominado ´incremento solidario´”.
Si el trabajador cumple menos horas que la jornada legal o convencional, percibirá “el incremento en forma proporcional, de acuerdo a las pautas del convenio colectivo aplicable o, supletoriamente, según las reglas generales contenidas en la Ley N° 20.744 (de Contratos de trabajo)”.
Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (en los términos del artículo 2° de la Ley 24.467) si cuentan con un certificado MiPyme otorgado por el ex Ministerio de Producción (ahora de Desarrollo Productivo) “quedarán eximidas del pago de las contribuciones patronales” por el término de tres meses o hasta que el aumento sea absorbido por las futuras negociaciones paritarias. Podrán gozar del mismo beneficio las empresas MiPyme que obtengan este certificado en los próximos 60 días corridos.
El artículo 4° excluye en forma explícita a los trabajadores del sector público nacional, del régimen de Trabajo Agrario y del personal de Casas Particulares. Mientras que para los empleados públicos la semana próxima se conocería otro decreto con un aumento de $ 3000, para los otros dos sectores se estudiará el tema a través de “comisiones”.
El último artículo faculta al Ministerio de Trabajo, empleo y Seguridad Social que conduce Moroni como autoridad de aplicación, con la facultad de “dictar las normas complementarias, y aclaratorias del presente decreto”.
Por último el ministro de Trabajo mencionó que en el Gobierno estudian la posibilidad futura de establecer un régimen laboral para regular a los trabajadores autónomos e independientes. Se menciona así a todos los empleados de mensajería o delivery que no están regulados en la actualidad. Para ellos se espera evaluar una ley específica aunque el tema se encuentra en estudio. En lo inmediato, el gobierno quiere enviar a sesiones extraordinarias del Congreso el proyecto de reforma del sistema jubilatorio especial de jueces y diplomáticos.
También se analiza en el gobierno avanzar con un programa de ayuda a las pymes en relación a créditos blandos aunque el ministro de Trabajo dijo que no quiería entrar en detalles en este aspecto.
Fuente: diariochaco.com
